Hace cuatro años que Julio Rodríguez y su esposa comenzaron a vivir lo que ellos entienden como un calvario. Antes de conocer qué les sucedió, es necesario comprender cómo llegaron a vivir en un terreno —que antes de que la zona se poblara era un campo— de alrededor de dos hectáreas en Barros Blancos (Canelones).
El lugar es de la familia Sabella y allí la familia de Ramón Moncho Sabella, uno de los sobrevivientes de los Andes, explotaba el campo.
Julio Rodríguez comenzó a trabajar desde muy joven como encargado de la chacra de la familia mientras, con el pasar de los años, los propietarios dejaron de producir.
Esto hizo que la familia decidiera ceder el terreno a Julio y a su esposa para que vivieran allí, sobre todo, a modo de agradecimiento por tantos compartidos y de trabajo. Ambos tienen ahora alrededor de 80 años y en el último tiempo aprovecharon el terreno para criar vacas, ordeñarlas y vender leche.
Moncho Sabella vive en Uruguay y el propietario de ese terreno es la familia.
Pero en 2022 llegó un vecino de la zona y le dijo a Julio que tenía una orden de desalojo, promovida por los Sabella en su contra. El hombre respondió que eso no podía ser cierto, que él no estaba al tanto y que la familia nunca le comunicó que quisiera que él no viviera más allí.
El individuo, de apellido Fernández, le mostró un expediente desde su celular donde tenía fotos con el expediente de desalojo. Esto hizo que Julio reconociera que la acción judicial existía y, tras algunas averiguaciones que hizo su sobrina, cedió los derechos posesorios del terreno donde vivía. En otras palabras, lo vendió.
La sobrina de Julio, al ver que su tío se estaba quedando en la calle, le escribió por Facebook a Moncho Sabella. Al ver el mensaje, le aseguró que esto no era cierto y desde ahí comenzó una disputa legal que hasta ahora no ha dado resultado.
Idas y vueltas
La casa en la que vive Julio, que en su momento fue un casco de campo, quedó desde entonces rodeada de autos desarmados desde hace cuatro años. Las ambulancias no pueden entrar, menos los patrulleros y los desagües de la vivienda están tapados por viejos esqueletos de vehículos que ya no circulan.
En la Policía constan denuncias por copamiento, una moto que atropelló a Julio y le quebró un brazo, y varios reclamos por amenazas. Todos estos en contra de Juan Carlos Cosella, el dueño del desarmadero y padre de Alexander Cosella, uno de los asaltantes del Banco República (BROU) en Pando. El delincuente, que está prófugo, trabajó en el desarmadero de su padre desde que lo instalaron.
Representados por Santiago Dávila, el matrimonio hizo denuncias tanto a nivel civil como penal. En el primer proceso, a cargo de la exfiscal René Primicieri, las indagatorias fueron archivadas. Sobre esto se pidió un reexamen y resta saber qué fiscalía será la que tome las riendas de la denuncia.
En la sentencia de primera instancia en lo civil, el resultado no fue el esperado y la Justicia le dio la razón a la parte demandada, asegurando que no había elementos suficientes que pudieran acreditar lo reclamado.
El dictamen judicial fue recurrido por Dávila y el Tribunal de Apelaciones de 3º Turno dejó claro que se debe “revocar la sentencia definitiva, declarando la nulidad (relativa) del contrato de cesión de derechos posesorios celebrado entre las partes en autos (el 4 de marzo de 2022)”.
El tribunal entiende que ese documento se encuentra “viciado de consentimiento”, lo que causa un claro perjuicio para los denunciantes. En la demanda se relatan una serie de hechos de violencia física y moral “para obtener de forma ilegítima sus consentimientos y lograr que cedieran a favor del demandado los derechos sobre el bien”.
Apelaciones entiende que el terreno se encuentra bajo un comodato gratuito, porque la familia Sabella ha dejado acreditado que autorizaron en su momento a que Julio y su esposa vivieran allí. Esto sigue sucediendo porque, pese a que cedieron los derechos del terreno, no pasó lo mismo con la casa, por lo que legalmente se pudieron quedar.
En lo que tiene que ver con el fallo de primera instancia, el tribunal sostiene que hubo un “mal uso de la sana crítica y la mala interpretación de las normas aplicables”. Esto provocó “un fallo desajustado”.
En la sentencia se deja claro que el matrimonio vive hace más de 30 años con expresa autorización de los propietarios, “quienes en actitud altruista les permitieron ocupar el bien de por vida, por haber trabajado Rodríguez muchos años para la familia Sabella”.
La sentencia asegura que ni Julio ni su esposa tuvieron intención de “ceder derechos posesorios a persona alguna respecto del bien que es su hogar y reconocen en todo momento que ocupan el padrón por mera tolerancia de sus propietarios”.
Se acredita como un hecho que el vecino, Fernández, les mostró el expediente de desalojo por fotos en su celular para impulsar que cedieran los derechos del terreno. Antes de que firmaran y como manera de ejercer presión, los animales de Julio comenzaron a aparecer sueltos en el campo, rompieron el tejido además de lastimar y matar a algún ejemplar. Julio, en tanto, también sufrió directamente las consecuencias al ser embestido por una moto y llegaron supuestos representantes de los Sabella diciendo que debían abandonar el bien porque serían desalojados.
Por Joaquín Symonds
joaquinsymonds
(Montevideo Portal)