Del discurso a los hechos: cuando el principal problema ya no es la comunicación, sino la coherencia

En agosto de 2021, cuando era intendente de Canelones, Yamandú Orsi escribía en sus redes sociales una frase que hoy vuelve a cobrar fuerza: «Los canarios son quienes sostienen con sus tributos nuestra gestión. Y así tiene que ser. No siempre la regularización de las propiedades y construcciones se logra de un día para el otro y lo sabemos. En Canelones diseñamos facilidades para los que quieran ponerse al día».
Aquellas palabras transmitían una idea clara: el cumplimiento de las obligaciones tributarias es un pilar de la convivencia y del funcionamiento del Estado. También reflejaban que quien ejerce responsabilidades públicas debe promover la regularización y el pago de los tributos.
Sin embargo, la situación que hoy rodea al presidente plantea un inevitable contraste entre aquel discurso y los hechos conocidos públicamente. Las polémicas por la camioneta oficial, las explicaciones posteriores sobre distintas situaciones administrativas y la regularización de obras en su vivienda, junto con el debate sobre el Impuesto de Primaria, han instalado una pregunta que trasciende la comunicación política.
¿Se trata únicamente de errores de comunicación? Cada vez resulta más difícil sostener esa explicación.
Yamandú Orsi no llegó a la Presidencia sin experiencia de gestión. Fue secretario general de la Intendencia de Canelones durante cinco años y luego intendente en dos períodos. Es decir, conoce el funcionamiento del Estado, los procedimientos administrativos y las obligaciones que recaen sobre cualquier propietario respecto a la declaración de construcciones y el cumplimiento de los tributos correspondientes.
Por eso, el centro del debate ya no debería ser quién comunicó mal o quién asesoró peor. La discusión pasa por el grado de responsabilidad personal que debe asumir quien ocupa la máxima magistratura del país.
El Impuesto de Primaria, además de su reducido monto en la mayoría de los casos, posee un fuerte contenido simbólico: financia parte de la educación pública y expresa un principio de solidaridad social. Del mismo modo, la declaración de obras no constituye una formalidad menor, sino una obligación prevista por la normativa vigente.
Cuando el propio presidente había defendido públicamente la importancia de regularizar propiedades y de cumplir con los tributos, la diferencia entre aquellas palabras y la situación actual inevitablemente alimenta cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso y la conducta.
En política, la credibilidad no depende únicamente de las explicaciones posteriores. Se construye, sobre todo, con el ejemplo. Y cuando quien debe dar ese ejemplo es el Presidente de la República, el estándar de exigencia es necesariamente mayor que para cualquier otro ciudadano.
La ciudadanía puede comprender un error. Lo que resulta más difícil de comprender es la reiteración de situaciones que ponen en duda el cuidado con el que se ejercen las responsabilidades públicas. Porque gobernar también implica cumplir las mismas obligaciones que se les exige a los ciudadanos y actuar de forma consistente con los principios que uno mismo defendió públicamente.
Las palabras de 2021 hoy vuelven como un espejo. Y, en política, pocas cosas son tan exigentes como enfrentarse al propio discurso.