Los fiscales federales de Estados Unidos presentaron el pasado viernes una nueva acusación contra el uruguayo Sebastián Marset en el juzgado del Distrito Este de Virginia, sumando tres cargos adicionales, entre ellos el de «conspiración narcoterrorista». La noticia fue adelantada por el semanario Búsqueda y confirmada por Montevideo Portal, que accedió al documento judicial.
La presentación llega después de que las negociaciones entre ambas partes para alcanzar un acuerdo de culpabilidad fracasaran. Las dos partes se habían dado un plazo de aproximadamente un mes para explorar esa posibilidad, pero los esfuerzos no prosperaron.
Los tres nuevos cargos
La primera acusación contra Marset, presentada en 2024, incluía únicamente el delito de «conspiración para lavar dinero». La nueva presentación, liderada por el fiscal federal adjunto Anthony T. Aminoff, agrega «conspiración narcoterrorista», «conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos» y «lavado de dinero».
El juez Rossie Alston Jr. convocó a una nueva audiencia para el 7 de julio, cuando se realizará la lectura oficial de los cargos.
El Primer Cartel Uruguayo
El documento de los fiscales describe a Marset como el «líder de una organización transnacional de narcotráfico y lavado de dinero», también conocida como el Primer Cartel Uruguayo. Según la acusación, esa organización traficaba cocaína obtenida en Perú, Bolivia y Colombia y la enviaba principalmente a través de puertos de Brasil, Paraguay y Uruguay hacia Europa occidental, en particular a Portugal, España, Países Bajos y Bélgica.
«Por lo general, la cocaína se enviaba en contenedores de carga a todo el mundo. Algunos de estos cargamentos contenían diez toneladas de cocaína o más», indica el documento. La organización también usaba embarcaciones sin bandera ni nombre, sin nacionalidad registrada.
Lavado de dinero y criptomonedas
La acusación detalla mecanismos de lavado de dinero que incluían grandes movimientos de euros en efectivo, ingresados al sistema financiero internacional mediante facturas falsas de empresas europeas. Marset también utilizaba criptomonedas, en particular USDT, la criptomoneda de Tether, para mover fondos ilícitos.
Uno de los colaboradores clave era el uruguayo Ezequiel Santoro, sentenciado el año pasado por Estados Unidos a 15 años de prisión por lavar alrededor de US$ 11 millones en ganancias del narcotráfico. La nueva acusación sostiene que Santoro y otro cómplice lavaron «cientos de millones de dólares» para Marset, transfiriendo fondos a través del sistema financiero internacional, incluyendo bancos corresponsales en Estados Unidos, para financiar la compra de más cocaína en Perú y Bolivia.
El documento menciona un caso concreto: en 2021, un colombiano que supervisaba el tráfico de drogas le debía a Marset 17 millones de euros. Entre el 5 de enero y el 9 de febrero de ese año, se movieron 7,5 millones coordinados por Santoro, alias Capitán. En otra ocasión, Santoro transfirió US$ 31.800 desde un banco portugués a uno en China, utilizando como banco corresponsal al Bank of America, cuyos servidores están en Richmond, Virginia, la misma jurisdicción donde se lleva adelante el juicio.
El episodio de San Andrés
La acusación también describe un episodio ocurrido en junio de 2024 cerca de la isla de San Andrés. Según los fiscales, Marset conspiró con un miembro del Clan del Golfo para enviar casi 1.700 kilos de cocaína en una lancha rápida desde Colombia hacia Costa Rica. Las autoridades colombianas interceptaron la embarcación el 16 de junio fuera de su mar territorial y arrestaron a sus ocupantes. Esa incautación fundamenta el cargo de «conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos».
Historial de violencia
Un apartado del documento describe hechos violentos atribuidos a Marset. «Estas actividades violentas, que implicaron el uso de armas, artefactos peligrosos, armas de fuego y explosivos, se llevaron a cabo con fines que iban más allá del mero beneficio económico personal de Marset», dice el texto.
Los fiscales afirman que en 2020 Marset instruyó a un cómplice para tirar una granada en la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, y que ese mismo año ordenó enviar amenazas por mensaje a la entonces fiscal de drogas y actual fiscal general subrogante, Mónica Ferrero.
También sostienen que alrededor de setiembre de 2020 mató a un miembro de su organización por sospechar que conspiraba en su contra, y que al año siguiente, en Asunción, ordenó matar a otro criminal por sospechar que colaboraba con las autoridades. El último hecho listado indica que, cuando un agente de la DEA lo contactó en marzo de 2025 para sugerirle que se entregara, Marset respondió con una amenaza.
Narcoterrorismo: el cargo político
El cargo de «conspiración narcoterrorista» abarca el período comprendido entre 2018 y el 13 de marzo de 2026, día en que Marset fue arrestado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y trasladado a Estados Unidos. La acusación sostiene que el Primer Cartel Uruguayo «ha participado y participa en actividades terroristas y en terrorismo».
Esta calificación es coherente con la política de la administración de Donald Trump, que, desde su regreso al poder, designó como terroristas a varias organizaciones internacionales de narcotráfico, una definición que no comparten todos los países de la región.
Para justificar su jurisdicción, los fiscales argumentan que: la actividad ilícita y el delito terrorista infringen las leyes penales de Estados Unidos; ocurrieron en el ámbito del comercio interestatal y exterior, afectando a ese comercio; y que Marset fue trasladado y hallado en territorio estadounidense tras la comisión de los delitos.