El directorio del Partido Nacional reclamó este lunes al presidente Yamandú Orsi que adopte medidas contra las autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), al considerar que la mayoría oficialista del organismo incurrió en irregularidades e ilegalidades en el tratamiento de distintas denuncias. Los blancos solicitaron que el Poder Ejecutivo aplique el artículo 198 de la Constitución, que contempla la destitución de directores de entes autónomos y servicios descentralizados.
La decisión fue adoptada por unanimidad tras recibir al representante de la oposición en la Jutep, Luis Calabria, y analizar un informe jurídico elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo Augusto Durán Martínez, que cuestiona distintas actuaciones de la presidenta del organismo, Ana Ferraris, y del vicepresidente, Alfredo Asti.
En una declaración, el directorio sostuvo que la actual mayoría de la Jutep “no brinda las garantías republicanas necesarias para el ejercicio del cargo” y resolvió remitir el documento, junto con el informe jurídico, al presidente de la República y al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.
En conferencia de prensa, el presidente del directorio, Álvaro Delgado, aseguró que el informe es “absolutamente contundente” y denunció la existencia de “arbitrariedades, irregularidades e ilegalidades” en el funcionamiento del organismo.
“Es muy grave que el organismo que debería brindar garantías a todos los ciudadanos de Uruguay, especialmente en el control de la legalidad y la ética de los funcionarios públicos, no cumpla con las normas ni con los procedimientos”, afirmó.
Delgado cuestionó además que la Jutep actúe de manera diferente dependiendo de la pertenencia política de las personas denunciadas. “Se ha transformado en un organismo que, por decisión de su mayoría, termina actuando discrecionalmente según se trate de denuncias contra funcionarios del Frente Amplio o de la oposición”, sostuvo.
El dirigente blanco afirmó que la situación ya no puede resolverse únicamente mediante denuncias o acciones parlamentarias y que corresponde una intervención del gobierno. “Es un asunto del Poder Ejecutivo, que debe actuar para garantizar a los uruguayos que la Jutep sea un órgano imparcial y que realmente custodie la ética en la función pública”, expresó.
Por su parte, el diputado Pablo Abdala confirmó que el planteo del directorio apunta a la destitución de las autoridades cuestionadas. “Cuando el presidente del directorio advierte que esta situación ya no da para más, que el Poder Ejecutivo debe adoptar medidas y hace referencia al artículo 198 de la Constitución, está aludiendo directamente a la destitución”, explicó.
El Partido Nacional también convocará a los demás integrantes de la Coalición Republicana para coordinar medidas políticas y parlamentarias. En ese sentido, Abdala recordó que el ministro de Educación y Cultura ya fue citado a la Comisión de Transparencia y Lavado de Activos.
Además, Delgado señaló que legisladores de la coalición están preparando una denuncia penal para presentar a la Fiscalía por actuaciones del organismo, especialmente por el interrogatorio al senador colorado Pedro Bordaberry, que los partidos opositores consideran ajeno a las competencias de la Jutep.