La seguridad volvió a instalarse en el centro del debate político uruguayo tras una semana que el senador Pedro Bordaberry definió como “intensa” y cargada de tensiones. En una entrevista telefónica, el legislador abordó desde la reciente interpelación en el Senado hasta las falencias estructurales del sistema penitenciario, pasando por el rol del gobierno en materia de seguridad pública, Desde el inicio, Bordaberry sostuvo que la interpelación al Ministerio del Interior cumplió su objetivo: “El tiempo puso las cosas en su lugar”, afirmó, en referencia a las dudas iniciales sobre la conveniencia de llevar adelante esa instancia. Según el senador, la presión política y social derivó en que el gobierno diera marcha atrás con propuestas vinculadas a la flexibilización del sistema carcelario, en particular aquellas relacionadas con la liberación de presos o la extensión de la prisión preventiva.
El legislador fue enfático al señalar que, en el contexto actual de inseguridad, las soluciones no pasan por medidas que impliquen una menor privación de libertad, sino por fortalecer la protección de la ciudadanía y mejorar la presencia policial en el territorio. En ese sentido, criticó el cierre de comisarías y la reducción del despliegue en zonas del interior, lo que —a su entender— debilita la capacidad de respuesta ante el delito, otro de los puntos centrales de su análisis fue la utilización de los recursos públicos. Bordaberry cuestionó que, pese al aumento presupuestal del Ministerio del Interior, no se haya traducido en una mayor cantidad de efectivos ni en una mejora sustancial del patrullaje, señalando que parte de los fondos se destinan a consultorías e informes técnicos, en el plano técnico, también apuntó a la fiabilidad de los datos oficiales sobre criminalidad, especialmente en lo relativo a los homicidios vinculados al narcotráfico. Según indicó, existen discrepancias significativas entre las cifras manejadas por el ministerio y otros informes recientes, lo que podría afectar la planificación de políticas públicas. En esa línea, propuso que las estadísticas criminales dependan de un organismo independiente para garantizar mayor transparencia.
Como alternativa de fondo, el senador volvió a plantear la necesidad de reformar el sistema penitenciario mediante la creación de un instituto autónomo enfocado en la rehabilitación. Inspirado en modelos europeos, el proyecto apunta a separar las funciones de seguridad de las de resocialización, con el objetivo de reducir la reincidencia, que en Uruguay —según señaló— alcanza niveles elevados, Bordaberry también trazó una comparación regional que encendió alertas: aseguró que Montevideo presenta actualmente niveles de violencia superiores a otras capitales de América del Sur, lo que evidencia, a su juicio, un deterioro sostenido en los últimos años. En contraste, mencionó avances en países vecinos que, según indicó, podrían servir como referencia para replantear estrategias.
En un tono más personal, el senador expresó su preocupación por el impacto de la inseguridad en la vida cotidiana de los uruguayos, particularmente en las nuevas generaciones. “No podemos naturalizar vivir con miedo”, sostuvo, al tiempo que remarcó la necesidad de tomar decisiones firmes para revertir la situación, finalmente, Bordaberry concluyó con un mensaje de cauteloso optimismo: aseguró que Uruguay está a tiempo de mejorar sus niveles de seguridad si se abordan dos ejes clave, la lucha contra el narcotráfico y la reducción de la reincidencia. Según afirmó, el desafío no es menor, pero existen herramientas y experiencias internacionales que podrían marcar el camino hacia un país más seguro.