Que el Tribunal de Cuentas haya levantado todas las observaciones formuladas al Presupuesto Quinquenal del Gobierno de Salto constituye un hecho de enorme relevancia institucional, particularmente en un contexto nacional donde la mayoría de las Intendencias optaron por aprobar sus presupuestos ignorando los pronunciamientos emanados por el órgano de contralor.
Desde Intendencias de gran dimensión como Montevideo y Canelones, hasta situaciones cercanas a nuestra realidad como las de Artigas y Tacuarembó, donde sus presupuestos se apartaron de las observaciones y continuaron sus trámites hacia el Parlamento. En Salto ocurrió algo distinto, marcando un camino de fuerte respeto a la Constitución y la legalidad.
El Tribunal de Cuentas fue claro al señalar que Salto dio “correcto tratamiento” a las observaciones formuladas, realizando las modificaciones, adecuaciones y correcciones necesarias. Este resultado es la consecuencia del trabajo serio y coordinado entre el Ejecutivo y el legislativo, particularmente de aquellos ediles que entendieron que el interés general debería estar por encima de cualquier cálculo político menor.
El presupuesto que ya se encuentra vigente adquiere otra relevancia particular expresando una verdadera visión de departamento, marcando un rumbo claro con una fuerte impronta social, humana y de reconocimiento al trabajo de quienes sostienen diariamente los servicios públicos. La nueva normativa introduce derechos para los trabajadores, brinda herramientas de gestión y proyecta un departamento moderno, todo ello sin crear o aumentarle un solo impuesto a los salteños.
Ningún salteño deberá pagar un solo peso más para recibir mejores servicios. Esto es posible al tener prioridades claras, administrando responsablemente, eliminando desajustes y ejerciendo una conducción austera. Ya pueden observarse señales claras de esa planificación, con el anuncio del comienzo de intervenciones en avenidas Rodó, Manuel Oribe y Pascual Harriague. Los equipos viales trabajando en calles donde casi dos tercios de la ciudad se encuentran en mal o muy mal estado producto del abandono. Se recuperan espacios públicos. Se gestiona profesionalmente el turismo y la cultura. Se abren puertas a la inversión. Salto comienza a salir del deterioro en el que nos dejaron.
Este nuevo camino respetando la Constitución y la ley no debería verse como una formalidad burocrática, sobre todo en tiempos donde la ciudadanía reclama cada vez más transparencia y honestidad en la gestión pública. Un Presupuesto sin observaciones le otorga legitimidad a las decisiones de un gobierno que, pese a tener menos de un año, ya marca con claridad un rumbo de progreso para el departamento.