Martín Esposto elaboró los dos informes que marcaron el rumbo de la polémica sanción a la anestesista Inés Miralles: primero recomendó reducir la inhabilitación de cinco a tres años y luego aconsejó restablecer los cinco años.
El director de los Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública (MSP), Martín Esposto, presentó su renuncia al cargo, en medio de la controversia generada por las decisiones administrativas vinculadas al caso de la anestesista Inés Miralles.
Esposto tuvo un papel central en uno de los episodios que más repercusiones políticas e institucionales ha generado en el ámbito de la salud pública. Fue el responsable de elaborar los dos informes jurídicos que fundamentaron las distintas posiciones adoptadas por el Ministerio y posteriormente por el Poder Ejecutivo.
El primer informe aconsejó reducir de cinco a tres años la inhabilitación profesional de Miralles, sancionada por su responsabilidad en el caso de la pediatra Soledad Barrera, fallecida luego de las complicaciones sufridas durante una intervención quirúrgica.
Aquella resolución, adoptada por la ministra Cristina Lustemberg en octubre de 2025, provocó fuertes cuestionamientos y la renuncia de la mayoría de los integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública.
Sin embargo, el escenario cambió cuando la madre de Soledad Barrera, Rosario Barrera, presentó un recurso de revocación y surgieron nuevos elementos judiciales y administrativos.
A partir de esos antecedentes, Esposto elaboró un segundo informe, fechado el 28 de octubre de 2026, en el que recomendó volver a la sanción original de cinco años de inhabilitación, con una eventual reevaluación profesional antes del vencimiento del plazo.
Ese nuevo análisis fue determinante para que el presidente Yamandú Orsi y la ministra Lustemberg resolvieran dejar sin efecto la reducción anterior y restablecer los cinco años de sanción.
La renuncia de Esposto se conoce en medio de las repercusiones de un caso que continúa generando interrogantes sobre los procedimientos administrativos, los criterios jurídicos aplicados y las responsabilidades institucionales.
Una controversia que trascendió lo estrictamente jurídico y puso bajo la lupa las decisiones de las máximas autoridades sanitarias del país.
