Cuando la exposición pública se cruza con los antecedentes de la gestión, las preguntas son inevitables.
Hay imágenes que invitan a celebrar. Niños y niñas de una escuela rural recibiendo libros, descubriendo nuevas lecturas y disfrutando de una propuesta educativa siempre deberían ser motivo de alegría. La educación, la cultura y el acceso a la bibliografía merecen todo el respaldo de la comunidad
Pero hay otras cuestiones que no pueden pasar inadvertidas.
La reciente publicación sobre la llegada de la denominada Valija Viajera a la Escuela N.º 85 de Colonia El Charrúa, en el municipio de San Antonio, muestra al diputado Álvaro Lima y a la diputada suplente Nelly Rodríguez participando de esta iniciativa, que alcanzó en 2026 a su séptimo centro escolar rural en Salto.
La presencia de Rodríguez, exdirectora de Vivienda y Hábitat durante la administración de Andrés Lima, inevitablemente vuelve a colocar sobre la mesa un asunto de enorme sensibilidad institucional: la ética en el ejercicio de la función pública.
Porque no se puede hablar de compromiso con la comunidad, de valores y de responsabilidad pública sin recordar que el pasado 14 de abril de 2026 la administración del intendente Carlos Albisu presentó ante Fiscalía una denuncia penal contra la exjerarca por presuntas irregularidades en la distribución de materiales de construcción destinados a familias beneficiarias de programas de vivienda.
¿Qué denunció la actual administración?
De acuerdo con la investigación administrativa difundida por el Gobierno de Salto, se habrían desconocido las listas oficiales de beneficiarios de un programa desarrollado junto al Ministerio de Vivienda.
La Intendencia sostuvo que algunas familias que no estaban inscriptas recibieron materiales, mientras que otras que sí cumplían los requisitos habrían recibido solamente una parte de lo que les correspondía. También señaló entregas realizadas por indicaciones directas de la entonces directora, sin verificar que los destinatarios integraran el grupo habilitado.
La investigación incluyó documentación, mensajes de texto y testimonios. Además, derivó en sumarios administrativos a funcionarios vinculados al área.
La denuncia fue presentada para que la Fiscalía determine si los hechos configuran responsabilidades penales. No existe que de ello pueda desprenderse una condena: será la Justicia la que deba establecer las responsabilidades correspondientes.
La memoria también es parte de la política.
Y aquí aparece la pregunta que trasciende nombres y partidos.
¿Con qué criterio se construyen los ejemplos públicos? ¿Qué lugar ocupa la ética cuando quienes representan a la ciudadanía participan de actividades institucionales y educativas?
Nadie cuestiona que los niños reciban libros. Por el contrario, deberían recibir muchos más. Tampoco corresponde convertir una escuela rural en escenario de disputas partidarias. Precisamente por eso, resulta necesario distinguir una política educativa de la exposición política de sus protagonistas.
La Valija Viajera puede ser una excelente iniciativa. Pero ninguna propuesta, por más noble que sea, debería convertirse en un paraguas para evitar preguntas incómodas.
La política no puede tener memoria selectiva. La transparencia no puede ser un discurso que se utiliza solamente cuando se cuestiona al adversario.
Desde Quinto Elemento entendemos que la función pública exige coherencia, responsabilidad y rendición de cuentas. Especialmente cuando se trata de recursos que pertenecen a toda la comunidad y que deberían llegar a quienes realmente los necesitan.
Porque los gurises merecen libros, oportunidades y, sobre todo, buenos ejemplos.
Y la sociedad merece dirigentes que comprendan que la ética pública no es una fotografía, una publicación en redes sociales ni una valija de libros. Es una conducta que debe sostenerse antes, durante y después de ocupar un cargo.
La educación merece respeto. La política también debería merecerlo. Pero ese respeto se construye con hechos, transparencia y responsabilidad.