La filmación y exposición de adultos mayores internados en un hogar, realizada por el edil Mario Furtado, merece un profundo cuestionamiento. Fiscalizar no es exponer. Denunciar no es vulnerar derechos. Y ninguna función pública habilita a pasar por encima de la dignidad de las personas.
Hay límites que la política no debería cruzar jamás. Y uno de ellos es utilizar la imagen y la vulnerabilidad de adultos mayores para convertir una situación de cuidado en una exposición pública.
En este caso, quien llevó adelante la filmación fue el edil Mario Furtado. Su actuación abre un debate que va mucho más allá de las intenciones que pueda invocar quien sostiene la cámara. Porque una cosa es ejercer el legítimo derecho de control sobre el funcionamiento de una institución, investigar posibles irregularidades o denunciar eventuales situaciones de abandono, negligencia o falta de atención. Otra, muy distinta, es filmar y exponer a personas mayores que se encuentran internadas, muchas de ellas en condiciones de especial vulnerabilidad.
Los adultos mayores no son material audiovisual, no son protagonistas involuntarios de una disputa política ni herramientas para construir impacto mediático. Son personas. Tienen historia, intimidad, derechos y, por encima de todo, dignidad.
La función de un edil implica controlar, investigar, solicitar información y exigir respuestas. Es parte esencial de la democracia. Pero ese cometido debe ejercerse con responsabilidad, respeto y conocimiento de los límites que imponen los derechos de los demás.
Pero la pregunta es inevitable: ¿era necesario exponer sus imágenes? ¿Se protegió su intimidad? ¿Existió consentimiento? ¿Se consideró la voluntad de esas personas y las consecuencias de hacer públicas esas filmaciones?
La Ley 18.331 de Protección de Datos Personales y los derechos fundamentales a la intimidad, la imagen y la dignidad no desaparecen cuando una persona ingresa a un residencial. Tampoco pierden vigencia por el hecho de que alguien ocupe una banca en la Junta Departamental.
Hay una diferencia enorme entre mostrar una realidad para buscar una solución y exponer a quienes viven esa realidad sin considerar sus derechos.
La política necesita control, transparencia . Pero también necesita límites, sensibilidad y humanidad.
No todo vale en nombre de la fiscalización. No todo se justifica en nombre de una denuncia. Y no todo lo que puede filmarse debe mostrarse.
Los adultos mayores merecen protección, no exposición. Merecen que se los escuche, que se los cuide y que se defiendan sus derechos, no que se los coloque involuntariamente en el centro de una controversia pública.
La dignidad humana no puede ser rehén de ninguna estrategia política. con qué autoridad moral se ejerce el control sobre los demás cuando existen cuestionamientos sobre la propia actuación que todavía merecen respuestas?Mario Furtado

