La Justicia condenó a la Universidad de la República (Udelar) a pagar más de $ 3 millones luego de que la Facultad de Ingeniería incumpliera durante casi dos años con una pericia solicitada en un juicio por un accidente de tránsito.
El caso comenzó luego de que un hombre que circulaba en bicicleta fuera chocado desde atrás por un ómnibus de COETC. El ciclista sobrevivió, aunque quedó con lesiones graves, según explicó a Montevideo Portal Pablo Alesandre, abogado de la víctima.
El juicio por el accidente todavía no tiene sentencia. Durante el proceso, la Justicia dispuso como prueba la realización de una pericia de accidentología vial y encomendó la tarea a la Facultad de Ingeniería.
Según explicó Alesandre, la institución asumió la responsabilidad y uno de sus docentes aceptó actuar como perito. Sin embargo, el informe no fue presentado.
La parte demandante realizó distintas gestiones para exigir su cumplimiento e incluso concurrió junto con la alguacil del juzgado para intimar a la facultad. También se fijaron plazos para entregar el estudio, que vencieron sin que se concretara la pericia.
Ante esa situación, los abogados solicitaron que se estableciera una penalidad económica diaria, conocida como astreinte, mientras continuara el incumplimiento. La Justicia hizo lugar al planteo, pero la Facultad de Ingeniería siguió sin presentar el informe durante casi dos años.
Luego, la parte demandante solicitó la liquidación y ejecución de esas penalidades. El monto acumulado terminó superando los $ 3 millones, según el documento aportado por el abogado del caso.
Cuando se notificó la suma, la Udelar se presentó en el expediente y se opuso al pago. A partir de eso se abrió un proceso incidental ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 13º Turno.
Alesandre afirmó que el planteo de sus clientes fue respaldado en primera instancia y que, luego de una apelación de la universidad, también obtuvo un fallo favorable en segunda instancia.
Actualmente, el expediente se encuentra en etapa de cobro y ya se ofició al Ministerio de Economía y Finanzas para que el dinero sea abonado a través de Rentas Generales.
Según el abogado, la mitad de lo recaudado corresponde a sus clientes y la otra mitad, por disposición legal, al Poder Judicial. El documento presentado por la parte actora también señala esa distribución.
Ante el incumplimiento de la Facultad de Ingeniería, la pericia sobre el accidente fue finalmente realizada por Policía Científica.
Alesandre sostuvo que ese estudio concluyó que la responsabilidad por el siniestro correspondía al conductor del ómnibus, mientras que su cliente resultó víctima. De todos modos, remarcó que el juicio principal por el accidente todavía no tiene sentencia.