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    Jorge Díaz habló de “alertas” en el caso del edil blanco

    PorQuinto Elemento

    Oct 6, 2026

    Elprosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se refirió en la jornada de este martes al caso de Pablo Leiva, exasesor del edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez, que fue arrestado en un allanamiento en el que se encontraron 300 kilos de pasta base y luego condenado por la Justicia. 

    Este martes, el jerarca estuvo en la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos de Presidencia, en la que se analizó este tema.

    En rueda de prensa, Díaz señaló que en la reunión de esta mañana “se hizo un análisis de la estrategia nacional de riesgos aprobada en 2023, que no contempla algunos riesgos que se vieron explicitados en los hechos de pública notoriedad”.

    En ese sentido, el prosecretario de Presidencia afirmó que uno de los temas que se trató fue la utilización de las redes de cobranza, que no están incluidas en la estrategia. Ante esto, dijo que van a trabajar en una “modificación de la evaluación nacional de riesgos para incluir algunos aspectos”.

    Sobre el caso de Pablo Leiva, el jerarca reconoció que “no funcionaron las alertas que debieron funcionar”. “El uso de dinero en efectivo, en grandes cantidades, ya de por sí es un elemento indicativo de riesgos y el uso de grandes cantidades de efectivo en billetes de baja denominación mucho más todavía”, aseguró.

    Por último, señaló dificultades en la investigación de este caso: “El no desarrollo de una investigación conjunta del delito precedente y el delito de lavado, eso es una acción concreta que sí está prevista en la estrategia y que lamentablemente en este caso concreto, por la información de origen público, no se ha cumplido, y por otro lado es un reclamo que ha hecho el Ministerio del Interior desde el primer día que se configuró la comisión”.

    El edil Gonzalo Gómez fue suspendido de sus derechos y obligaciones dentro del Partido Nacional por dos años y se le solicitó que durante su sanción se apartara de su cargo en la Junta Departamental de Montevideo, debido a que contrató a un asesor con fondos públicos “sin que se verificara el cumplimiento de las tareas correspondientes”.