El derecho del periodista a preguntar no depende de que al entrevistado le guste la pregunta.

Hay una escena que se repite demasiado en la política: un periodista pregunta y un dirigente, en lugar de responder, comienza a cuestionar al periodista.
La pregunta pasa a ser “malintencionada”. El comunicador pasa a ser “operador”. El medio pasa a ser “opositor”. Y el tema que motivó la consulta queda, convenientemente, en segundo plano.
No es una práctica exclusiva de un partido. No es patrimonio de una administración. Es una tentación recurrente del poder.
Y por eso merece ser señalada, venga de donde venga.
El episodio Oddone-Sarro
Este miércoles, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, protagonizó un intercambio con el periodista Leonardo Sarro luego de una rueda de prensa en el Parlamento.
Sarro preguntó por la situación de quienes perciben salarios bajos y planteó si existían esperanzas con el actual modelo económico. Tras una respuesta del ministro, el periodista comparó el modelo con el de la gestión de Azucena Arbeleche.
El episodio continuó fuera de la rueda de prensa, cuando Oddone llamó al periodista y le dijo: “Lo que acabás de hacer es de mala fe”. La secuencia fue difundida por Sarro y recogida por distintos medios.
La discusión pública posterior volvió a dividirse entre quienes cuestionaron la actitud del ministro y quienes consideraron que la pregunta o la comparación del periodista carecían de fundamento.
Pero hay una cuestión que debería estar por encima de esa discusión: el derecho del periodista a preguntar no depende de que al entrevistado le guste la pregunta.
El periodista no tiene que pedir permiso
Un periodista puede formular una pregunta incómoda. Puede insistir. Puede repreguntar. Puede establecer una comparación. Puede plantear una contradicción.
Eso no lo convierte automáticamente en opositor, ni en operador, ni en enemigo del gobierno.
Naturalmente, el periodismo debe responder por sus errores, verificar sus datos y ejercer su profesión con responsabilidad. Pero una cosa es cuestionar la precisión de una pregunta y otra muy distinta es intentar deslegitimar a quien la formula.
La respuesta democrática a una pregunta que se considera equivocada es sencilla: responder, corregir y explicar.
No atacar al mensajero.
Una costumbre que atraviesa todos los partidos
Uruguay tiene una larga tradición democrática, pero eso no significa que esté libre de tensiones entre prensa y poder. El monitoreo de CAinfo registró en 2026 un aumento de casos vinculados a amenazas y restricciones a la libertad de expresión, incluyendo restricciones al acceso a la información, agresiones verbales y discurso estigmatizante.
En otros períodos también se documentaron cuestionamientos a medios y periodistas desde distintos espacios políticos. En 2023, por ejemplo, un informe de CAinfo recogió episodios de descalificación y acusaciones de intencionalidad política contra medios que publicaban investigaciones incómodas para figuras públicas.
La enseñanza es clara: la libertad de prensa no puede defenderse solamente cuando el periodista cuestiona al adversario.
Debe defenderse también cuando pregunta al propio gobierno, al propio partido, al propio dirigente o a quien ayer era aliado.
Salto también conoce estas tensiones
En nuestro departamento, como en tantos otros lugares del país, los periodistas han vivido situaciones en las que una pregunta genera molestia, una investigación provoca enojo o una publicación desencadena cuestionamientos personales.
Gobiernos departamentales, dirigentes, jerarcas y sectores políticos de diferentes épocas han tenido momentos de tensión con la prensa.
Y corresponde decirlo con claridad: ninguna administración tiene derecho a una prensa complaciente.
La publicidad oficial no puede convertirse en una herramienta de disciplinamiento. Una entrevista no puede ser un premio. Una pregunta no puede transformarse en una falta de respeto simplemente porque incomoda.
La democracia necesita preguntas
El político tiene derecho a defender su gestión. Tiene derecho a discrepar con el periodista. Tiene derecho a señalar errores y a exigir rigor.
Pero el periodista también tiene derecho a preguntar sin que cada interrogante sea interpretado como una agresión.
Porque si solamente se aceptan preguntas favorables, ya no estamos hablando de una conferencia de prensa. Estamos hablando de una puesta en escena.
Y si el poder pretende decidir qué periodista merece respuesta según su simpatía, su medio o su línea editorial, entonces el problema deja de ser una diferencia puntual: pasa a ser una cuestión institucional.
Desde Quinto Elemento, entendemos que la libertad de expresión no es propiedad de ningún partido político. No pertenece a la izquierda, ni a la derecha, ni al oficialismo, ni a la oposición.
Pertenece a la sociedad.
Y el periodismo tiene una obligación con esa sociedad: preguntar, investigar, informar y, cuando sea necesario, incomodar.
Porque el periodista no está para quedar bien con el poder. Está para que el poder rinda cuentas.
Y una democracia que no soporta preguntas incómodas termina acostumbrándose a respuestas preparadas.
La pregunta puede molestar.
La pregunta puede ser discutible.
La pregunta puede incluso ser equivocada.
Pero preguntar nunca debería ser considerado una falta.