La Cámara de Diputados aprobó este martes, con el respaldo de todas las bancadas, el proyecto de ley de empleo integral, que amplía el universo de beneficiarios del subsidio a la contratación de personas en situación de vulnerabilidad social.
La diputada frenteamplista Sol Maneiro explicó los alcances de la iniciativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Senadores y ahora volverá para su sanción definitiva, y detalló los cambios incorporados durante su tratamiento en la cámara baja.
La norma sustituye a la ley de promoción del empleo vigente desde 2021, que alcanzaba a jóvenes, personas mayores de 45 años y personas en situación de discapacidad. Según indicó Maneiro a Montevideo Portal, el nuevo texto suma a mujeres jefas de hogar, jóvenes afrodescendientes, personas trans, privadas de libertad y recién liberadas.
El proyecto también extiende el beneficio a empresas que antes quedaban excluidas: la ley vigente fijaba un cupo del 20% de la plantilla para acceder al subsidio, un umbral que dejaba afuera a las firmas más chicas. Con la nueva normativa, micro, pequeñas y medianas empresas podrán acceder al beneficio sin esa restricción.
Maneiro precisó que la iniciativa alcanza tanto al sector público como al privado, y que en los llamados de organismos estatales existirá la obligación de reservar cupos específicos para los nuevos colectivos incluidos.
La media sanción del Senado se había aprobado solo con los votos del Frente Amplio. En Diputados, en cambio, se incorporaron modificaciones surgidas de un acuerdo entre todas las bancadas, entre ellas el fortalecimiento del programa “Yo estudio y trabajo”.
Maneiro destacó un nuevo mecanismo de seguimiento del programa, una de las principales falencias detectadas en la ley anterior. Al respecto, señaló que “no había seguimiento”, lo que impedía saber si los beneficiarios sostenían sus empleos una vez vencido el plazo del subsidio. Según indicó, estudios posteriores mostraron que muchas personas permanecían apenas “un mes o dos” en sus puestos antes de dejarlos.
Para corregir ese problema, la nueva ley establece un seguimiento a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), con informes periódicos en cada instancia de rendición de cuentas.
También se refuerzan los controles sobre las empresas para garantizar el cumplimiento de las condiciones del subsidio. El financiamiento del programa estará a cargo de Inefop, con una partida prevista de $ 407 millones anuales (US$ 10 millones, aproximadamente).