La Dirección General Impositiva (DGI) comenzó a enviar mensajes a empresas que iniciaron actividades a partir del 1° de enero de 2025 y en las que detectó inconsistencias en la presentación de la declaración jurada o en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los años 2025 y 2026.
El aviso llega antes de que los problemas escalen: la idea es que las empresas puedan regularizar su situación sin tener que enfrentar multas más pesadas ni fiscalizaciones.
Las empresas son las que deben liquidar y luego transferir el IVA al Estado, según la normativa vigente. Cuando eso no ocurre —ya sea porque no se presentó la declaración jurada o porque el monto pagado no coincide con lo que correspondía— la DGI lo detecta y, en este caso, opta por avisar de forma temprana en lugar de ir directo a una instancia de control más severa.
Según informó la DGI, los contribuyentes comprendidos recibirán un mensaje en su Bandeja de Comunicaciones, disponible en el portal oficial del organismo. Allí se les explicará qué inconsistencia fue detectada y qué acciones deben tomar. Las posibilidades incluyen presentar la declaración jurada si aún no lo hicieron, reliquidarla si ya estaba presentada, pero con errores, y pagar las diferencias de impuesto que correspondan.
Para quienes necesiten orientación, la DGI también ofrece el acompañamiento de un ejecutivo de atención personalizada, cuyas instrucciones de contacto se detallan en el propio mensaje recibido.
El organismo recordó que, para calcular correctamente las obligaciones tributarias —tanto de IVA como de otros impuestos—, las empresas deben considerar la información de los Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE) que emitieron y los que recibieron de terceros. Los contribuyentes con ejercicio cerrado en 2025 tienen disponible en la plataforma de Servicios en línea de la DGI el formulario anual 2178 con datos ya precargados, lo que facilita el trámite.
El objetivo declarado de esta gestión temprana, según la DGI, es evitar que los nuevos contribuyentes acumulen adeudos y sanciones por desconocimiento o descuido en sus primeros años de actividad, y reducir la necesidad de recurrir a trámites posteriores más costosos o a fiscalizaciones formales.