Cuando la inseguridad deja de ser una noticia y pasa a ser una forma de vida

Hay algo que debería preocuparnos mucho más que las estadísticas.
Que nos estemos acostumbrando.
Acostumbrando a las balaceras.
A los ajustes de cuentas.
A las casas baleadas.
A los comercios robados.
A los supermercados asaltados.
A los arrebatos en plena calle.
A los homicidios en los barrios.
A las bombas molotov.
A los enfrentamientos entre grupos.
A la violencia que aparece después de un clásico de fútbol y que termina enfrentando a hinchas con la Policía.
Y cuando una sociedad comienza a naturalizar esas imágenes, el problema ya no es solamente policial.
Es mucho más profundo.
Uruguay está atravesando un momento en materia de seguridad que obliga a preguntarnos si el Estado está realmente llegando a tiempo.
Porque una cosa es combatir el delito.
Otra muy distinta es correr detrás del delito.
Y la sensación que queda, cada vez con mayor fuerza, es que estamos corriendo detrás.
Lo ocurrido alrededor del clásico entre Nacional y Peñarol vuelve a poner sobre la mesa una violencia que excede largamente al fútbol. Hubo enfrentamientos, agresiones, pirotecnia y policías lesionados.
Pero sería un enorme error creer que el problema termina allí.
La violencia que vemos en los estadios también se expresa en los barrios.
En Montevideo y en el área metropolitana, en zonas donde las disputas territoriales, los enfrentamientos entre grupos y los ajustes de cuentas forman parte de una realidad cada vez más compleja.
Y Salto tampoco está afuera de ese mapa.
Todo lo contrario.
En nuestra ciudad hemos visto ataques a tiros, robos violentos, comercios golpeados una y otra vez por la delincuencia y familias que viven con miedo.
Y hace apenas unos días, en el barrio Artigas, un hombre fue asesinado a tiros frente a su vivienda. La investigación determinó la imputación de un hombre de 30 años, mientras la Policía continúa buscando a un presunto cómplice.
Y mientras hablamos de homicidios, también tenemos que hablar de esa delincuencia cotidiana que muchas veces no llega a los grandes titulares.
El comerciante que levanta la cortina pensando si llegará al final del día sin ser robado.
La familia que se va de su casa y no sabe si al regresar encontrará una ventana rota.
El trabajador que camina por determinada zona mirando hacia atrás.
El vecino que escucha una moto y siente miedo.
Eso también es inseguridad.
Y quizás sea la forma más silenciosa y más cruel de inseguridad: la que modifica nuestros hábitos, nuestras rutinas y nuestra libertad.
En Salto, además, aparecen señales que deberían encender todas las alarmas.
Balaceras.
Ataques contra viviendas.
Robos a comercios.
Arrebatos.
Hurtos.
Violencia en los barrios.
Y episodios que empiezan a tener características que hasta hace algunos años parecían lejanas a nuestra realidad.
Hasta se empieza a formular públicamente una pregunta que antes parecía impensable: ¿hay sicarios actuando en Salto? La pregunta, por sí misma, muestra cuánto ha cambiado la percepción de seguridad en nuestra ciudad.
Y frente a esto, el Gobierno Nacional tiene una responsabilidad que no puede delegar.
No alcanza con decir que se está trabajando.
No alcanza con anunciar tecnología.
No alcanza con presentar operativos después de que ocurren los hechos.
No alcanza con patrullar cuando el delito ya ocurrió.
La seguridad necesita planificación, inteligencia, presencia territorial, recursos, prevención y capacidad de anticipación.
Y ahí aparece una contradicción que resulta difícil de ignorar.
Durante la campaña y luego desde el Gobierno se habló de la necesidad de incorporar miles de policías. Sin embargo, el proyecto de Rendición de Cuentas contempla específicamente 300 nuevos cargos policiales, destinados a reforzar el patrullaje preventivo y disuasivo.
El propio Gobierno reconoce que esos 300 cargos son necesarios para ampliar el despliegue territorial.
Entonces la pregunta es inevitable:
¿Son suficientes 300 policías para el Uruguay que tenemos hoy?
Porque si la respuesta es que no, entonces hay que decirlo.
Y si la respuesta es que sí, habrá que explicar con qué planificación.
Porque el problema no es solamente cuántos policías tenemos.
Es dónde están, cómo se distribuyen, con qué recursos trabajan, qué información manejan, qué capacidad de respuesta tienen y qué estrategia existe para enfrentar al crimen organizado.
La seguridad no se resuelve solamente agregando uniformados.
Pero tampoco se resuelve sin ellos.
Y tampoco se puede pedir resultados extraordinarios con recursos ordinarios.
Ese es el punto.
No se trata de hacer política partidaria con la inseguridad.
La seguridad debería ser una política de Estado.
Pero una política de Estado necesita objetivos claros, presupuesto, evaluación y resultados.
Porque mientras discutimos números, cargos, presupuestos y discursos, hay familias que están viviendo otra realidad.
Una realidad donde una balacera ya no sorprende.
Donde un comercio vuelve a ser robado.
Donde un adolescente puede quedar atrapado en medio de un enfrentamiento.
Donde una familia puede escuchar disparos desde el interior de su propia casa.
Donde un homicidio deja de ser una noticia extraordinaria y empieza a convertirse en parte del paisaje.
Y eso es peligrosísimo.
Porque cuando el miedo se vuelve cotidiano, la sociedad comienza a encerrarse.
Se retrae.
Deja de ocupar determinados espacios.
Cambia horarios.
Cambia recorridos.
Deja de salir.
Deja de confiar.
Y cuando los ciudadanos empiezan a abandonar la calle, el territorio comienza a ser ganado por otros.
Ese es el verdadero riesgo.
No solamente que haya más delitos.
Sino que el Estado pierda presencia y que el ciudadano pierda libertad.
Por eso esta no puede ser una discusión entre gobierno y oposición.
No puede reducirse a quién tiene la culpa.
Uruguay necesita una discusión seria sobre seguridad.
Una discusión que mire el narcotráfico, el crimen organizado, las armas, los barrios, las cárceles, la reincidencia, la inteligencia policial, la prevención social y la presencia efectiva del Estado.
Y necesita hacerlo ahora.
Porque hay una diferencia enorme entre reaccionar ante la violencia y anticiparse a ella.
Y quizás ese sea hoy el mayor déficit que tenemos.
La falta de una estrategia que nos permita adelantarnos.
Porque cuando llega la ambulancia después del disparo, cuando llega la Policía después del robo, cuando llegan los investigadores después del homicidio, el Estado está cumpliendo una función.
Pero llegó tarde…..!!!!
Y un país que quiere vivir seguro no puede conformarse con llegar tarde.!!
Uruguay no puede acostumbrarse a vivir entre sirenas, patrulleros, balazos y miedo.
Salto tampoco.
Porque la inseguridad no es una estadística.
Tiene rostro.
Tiene el rostro del comerciante que teme abrir su negocio.
De la madre que espera que su hijo vuelva.
Del vecino que escucha una detonación y apaga la luz.
Del trabajador que cambia de recorrido para sentirse más seguro.
Y tiene también el rostro de una sociedad que empieza a preguntarse, con angustia:
¿Hasta dónde vamos a llegar si no somos capaces de recuperar el control del territorio?
Esa pregunta ya no puede esperar.
Porque la seguridad no es un lujo.
Es el derecho básico de cualquier ciudadano a vivir sin miedo.