La situación del local bailable “Morena”, ubicado en la zona de Barrio Artigas, volvió al centro de la polémica tras una serie de hechos y declaraciones que presentan versiones contrapuestas sobre su administración y los vínculos entre sus protagonistas.
El 14 de marzo, en una entrevista concedida al diario La Prensa, el empresario Marcos Pigurina —quien fuera víctima de un intento de rapiña en octubre 2024 y según policía podría haber derivado en homicidio— negó de forma categórica mantener cualquier tipo de relación comercial o personal con Álvaro Alexander Godoy, afirmando que él era el único responsable del baile. Este último había sido formalizado por la Justicia Penal de Salto en octubre, mediante un proceso abreviado, por integrar la banda delictiva que intentó perpetrar dicho ilícito contra el propio Pigurina. Godoy recuperó la libertad semanas atrás.
Sin embargo, versiones difundidas previamente por el programa Quinto Elemento Radio, señalaban que Godoy habría retomado actividades en el local “Morena”, realizando bailes en ese espacio, lo que sugería una eventual reanudación de vínculos con el empresario. Un escenario que, de confirmarse, resultaba al menos «llamativo «dado el antecedente judicial entre ambas partes.
La controversia adquirió un nuevo giro el 26 de marzo, cuando la Intendencia de Salto emitió una resolución en el marco de un expediente administrativo firmado por el intendente Carlos Albisu, el secretario general contador Walter Texeira Núñez. En dicho documento, las autoridades sancionan y prohíben a “Morena” y a la Asociación Civil Extremo —cuyos titulares son Álvaro Godoy y Daisy Faccio— la realización de cualquier tipo de actividad en el local.
La resolución establece además la aplicación de una multa de 30 U.R a Godoy por incumplir una prohibición previa, fechada el 12 de marzo, que ya le impedía organizar eventos bailables en ese lugar.
Uno de los aspectos más relevantes del documento oficial es que identifica a Álvaro Godoy como responsable del padrón donde se desarrollaban las actividades, lo que lo vincula directamente con la operativa del local. Asimismo, la Intendencia fundamenta la prohibición total de actividades en el carácter “sensible” de la zona en la que se encuentra emplazado el espacio.
Estos elementos documentales contrastan con la versión brindada por Pigurina en su momento, en la que aseguraba ser el único responsable del baile “Morena” y negaba cualquier relación con Godoy.
Desde Quinto Elemento se sostiene que no han recibido desmentidos a la información difundida y que los documentos oficiales respaldan la existencia de una vinculación entre ambos actores, pese a las declaraciones públicas en sentido contrario.
El caso deja planteado un escenario de interrogantes sobre la gestión del local y las responsabilidades reales en su funcionamiento, en un contexto donde se entrecruzan antecedentes judiciales, decisiones administrativas y versiones contrapuestas. Como suele ocurrir en estos casos, será la opinión pública la que termine sacando sus propias conclusiones.
En un escenario donde abundan las versiones y escasean las certezas, el ejercicio del periodismo vuelve a ponerse a prueba. Y es justamente en estos contextos donde la credibilidad deja de ser un eslogan para convertirse en un activo que se construye —o se pierde— con cada información publicada.
El caso del baile “Morena”, es un ejemplo claro. Desde Quinto Elemento se informó oportunamente sobre la participación de Álvaro Alexander Godoy en la organización de eventos en ese espacio. Una información que, lejos de quedar en el terreno de lo opinable, encuentra respaldo en documentos oficiales de la Intendencia de Salto.
Allí se establece con claridad la vinculación de Godoy con el padrón donde se desarrollaban las actividades, así como su relación con la Asociación Civil Extremo. No se trata de interpretaciones: son resoluciones administrativas firmadas por autoridades departamentales, que además derivan en sanciones concretas y prohibiciones expresas.
En paralelo, el empresario Marcos Pigurina, que negó de forma categórica cualquier vínculo —personal o comercial— con Godoy, asegurando incluso que el baile “Morena” es de su exclusiva responsabilidad.
Es en esa contradicción donde surgen las preguntas. Si no existe relación alguna, ¿cómo se explica que Godoy figure como responsable del espacio y haya sido sancionado por actividades desarrolladas allí? ¿Se trata de una superposición de responsabilidades, de omisiones o de una realidad que no coincide con el discurso público?
No es función del periodismo dictar sentencia, pero sí poner los hechos sobre la mesa. Y en este caso, los documentos hablan.
Esta información no era desconocida en el ámbito mediático. Llegó a distintas redacciones, circuló, se comentó. Sin embargo, fuimos los únicos que decidimos avanzar y exponerla públicamente. No es una cuestión menor. Informar implica asumir costos, incomodidades y, muchas veces, ir contra la corriente.
Esta editorial no busca celebrar una primicia ni marcar diferencias, sino reafirmar un compromiso permanente de Quinto Elemento Multimedios: el de trabajar cada noticia con responsabilidad, con sustento y sin mirar hacia otro lado cuando los datos son claros.
La credibilidad no se declama. Se construye. Y en tiempos donde la confianza es frágil, sostenerla es, más que nunca, una obligación.
Quinto Elemento Multimedios