El astillero español Cardama, con el cual el gobierno uruguayo firmó un contrato en la gestión de Luis Lacalle Pou para la construcción de dos patrullas oceánicas, remitió un escrito de 20 páginas a la comisión investigadora del Parlamento con las respuestas de su titular, Mario Cardama. El vínculo fue rescindido en la administración de Yamandú Orsi por incumplimientos y por problemas con la garantía.
En el documento, Cardama afirmó que desde que asumió el gobierno de Orsi hasta la conferencia de prensa del 22 de octubre de 2025, en la que se anunció la intención de rescindir el contrato, el Ministerio de Defensa Nacional nunca le objetó formalmente las garantías presentadas, no lo intimó a cambiarlas ni planteó incumplimiento alguno del contrato.
El empresario recordó que días antes de ese anuncio, el 10 de octubre, se reunió con la ministra Sandra Lazo y sus asesores y que en esa instancia no se dijo nada sobre incumplimientos contractuales ni sobre la garantía. Lo que sí se trató fue la extensión de la fecha de vigencia de la carta de crédito, por precaución ante el retraso en la entrega de los motores.
“Jamás se exhibió interés por la garantía; más bien el interés y la energía estuvieron puestos en usar el evento que se exhibía o aparecía como un fraude de la garantía de Eurocommerce —ajeno a nuestro conocimiento y, por supuesto, implicación alguna— para terminar con un contrato en el que no tenían interés. Ni siquiera se respetó el principio de inocencia. Directamente se nos trató como culpables de un fraude del cual no tenemos nada que ver”, enfatizó Cardama, según el texto al que accedió Montevideo Portal.
El empresario indicó que denunció penalmente a Eurocommerce ante la Justicia de España.
Sobre la capacidad del astillero, Cardama afirmó que la empresa lleva construyendo barcos desde hace más de cien años y que en los últimos 30 años entregó casi 40 buques de acero de distintos tipos. “Los buques OPV para Uruguay no iban a ser los buques de más porte ni los más complejos construidos por nuestro astillero”, remarcó.
Señaló que el proceso de construcción fue certificado por Lloyds, empresa elegida por ambas partes, y que ya había acordado con los dos desarrolladores de la tecnología prevista para las patrullas el montaje sobre la estructura de las OPV.
Cardama cuestionó la experiencia de los representantes de la Armada Nacional en el proceso, afirmando que no habían participado en ningún aspecto de supervisión de una nueva construcción naval. Según el empresario, eso quedó de manifiesto cuando la Armada sustituyó a sus representantes técnicos por Bureau Veritas, cuyo informe declaró “satisfactoria” la construcción, “de modo que llueve sobre mojado, vale decir, solo acredita lo que ya estaba acreditado por Lloyds Register”.
El propietario del astillero señaló además una “ralentización” del proceso constructivo por no haber contado entre marzo y setiembre de 2025 con un representante nombrado por la Armada. “En nuestra impresión de la visita, ellos venían con un listado de preguntas a realizar con el objetivo de hacer un informe negativo de Cardama basándose en normas que no aplicaban al caso y con una mentalidad de construcción naval de hace décadas”, puntualizó.