Se aprobó en comisión, por unanimidad, el proyecto de ley para disminuir las multas por exceso de velocidad en rutas nacionales.
La iniciativa, que ingresó con modificaciones respecto de la original a la Comisión de Hacienda integrada con Transporte de la Cámara de Diputados, pasará al pleno de dicho cuerpo.
Así, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo reglamentará los valores de las sanciones de todas las infracciones de tránsito “en los casos que corresponda” y “teniendo en consideración la propuesta realizada a la Unidad Nacional de Seguridad Vial por el Congreso de Intendentes”.
El planteo prevé una reducción en el monto de las sanciones en función del tiempo que demore el infractor en abonarlas.
“Se establecen topes máximos de multa para las siguientes infracciones”, indica el proyecto, y comienza con el exceso de velocidad en rutas nacionales, por el que se exigirán 15 unidades reajustables (UR) como pago. Con base en dicho tope, las multas por exceso de velocidad se graduarán de la siguiente forma:
• Hasta 20 km/h por encima del límite: de 2,5 UR a 5 UR.
• Entre 21 y 30 km/h: de 4 UR a 8 UR.
• Entre 31 km/h y hasta el doble menos uno: de 6 UR a 12 UR.
• Más del doble de la velocidad permitida: 15 UR.
La normativa dispone un lapso por el que se aplican rebajas en el pago de las multas. “Quienes paguen dentro de los primeros 90 días, tendrán un descuento muy importante, que es de un 50%”, explicó el diputado colorado Conrado Rodríguez algunas semanas atrás. En cambio, aquellos que abonen entre los 90 y 180 días obtendrán una rebaja menor, del 30%. “De esta manera, se termina premiando a aquel que cumple sobre aquel que no cumple”, agregó el legislador.
A su vez, también se prevén multas en función de distintas infracciones de tránsito. En tal sentido, por cruce de semáforos “en forma no autorizada”, así como por adelantar en zonas prohibidas en rutas nacionales, serán 10 UR.
Por otro lado, para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol o drogas —o se rehúsen a someterse a espirometrías o exámenes destinados para detectar dicho consumo— o quienes circulen sin matrícula o con matrícula adulterada u oculta “de forma deliberada”, serán 15 UR.
“La totalidad de los fondos recaudados por este concepto será destinado al financiamiento de la ejecución de obras de infraestructura vial”, indica el documento.