El gobierno anunció la conformación de una comisión de trabajo para seguir el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con foco en uno de los puntos en los que el Estado uruguayo está en “omisión”: la inclusión de la temática de derechos humanos y el pasado reciente en la currícula de la formación militar.
La secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia, Iliana da Silva, subrayó que este grupo de trabajo es “un paso más en la construcción del nunca más”, según informó Presidencia este jueves.
Por su parte, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, explicó que la comisión —en la que participa su cartera junto con familiares de víctimas de la dictadura cívico-militar, representantes legales y universitarios— trabajará en el seguimiento y el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que el Estado está en omisión, como el caso Maidanik y otros versus Uruguay.
El grupo de trabajo acordó, además, la elaboración de recomendaciones sobre derechos humanos que serán incorporadas en la currícula de la formación militar, para que “esto sea una reflexión hacia el nunca más”.
“Queremos que esto nos ayude a recomponer y a pensar como sociedad en qué mundo y en qué país democrático queremos vivir, y, para ello, la convivencia es clave, y solo con educación se podrán superar los escollos que aún persisten”, agregó Lazo.
“El Estado estaba omiso”
Da Silva sostuvo que el Estado fue omiso y no había cumplido con muchas de las observaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La medida de incluir en el programa de educación militar la temática de derechos humanos con énfasis en el pasado reciente “debería haberse cumplido en la administración pasada”, pero “no se hizo”, declaró.
“Hay una voluntad de este gobierno de cumplir, porque está comprometido con la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia”, subrayó la secretaria, según informó Presidencia.
El grupo de trabajo será liderado por la coordinadora para el Pasado Reciente de la Secretaría de Derechos Humanos, Mariana Risso, quien participó en la conformación de ese ámbito junto con abogados y familiares de las víctimas que elevaron los distintos casos al tribunal internacional.
El plazo fijado para elaborar las recomendaciones es de 180 días. Da Silva resaltó que se busca, de esta forma, que las nuevas generaciones que ingresan a las Fuerzas Armadas conozcan lo que ocurrió durante la dictadura y cuáles fueron las consecuencias, para que no se vuelva a repetir.