La evolución de la riqueza en los próximos años estará vinculada al desempeño de la economía, los mercados, las monedas y “el entorno tributario también entra en esa evaluación”, señala el responsable de UBS Global Wealth Management para la región. Pintadas en algunos muros de Montevideo todavía reclaman, en blanco y negro, la instauración de un impuesto al 1% más rico de la población para financiar políticas contra la pobreza infantil, aunque la discusión pública sobre esa iniciativa parece descolorida. El PIT-CNT no bajó la bandera, pero el Frente Amplio no va más allá de considerarla “un aporte relevante al debate sobre justicia tributaria”, y el Poder Ejecutivo encabezado por Yamandú Orsi directamente la arrió, alegando riesgo de fuga de inversores y cuestionando la eficiencia recaudatoria que calculan sus promotores.
Al margen de esas discusiones políticas e ideológicas, como parte de una planificación estratégica que apunta a lograr un mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias del conjunto de la sociedad, la Dirección General Impositiva (DGI) tiene resuelto avanzar en el control de los pagos de las personas físicas con niveles de riqueza considerables. Su Plan de Gestión del Cumplimiento Tributario para este año y el próximo, dado a conocer hace pocos días, delimita un segmento de “individuos de alto patrimonio” que abarca a unas 3.000 personas con “elevada capacidad económica que, en muchos casos, operan mediante estructuras societarias, financieras o patrimoniales sofisticadas”.
Para ese segmento de “individuos de alto patrimonio”, los “esfuerzos” de la DGI se concentrarán en “mitigar la subdeclaración de rentas y patrimonio, detectando” la “verdadera capacidad contributiva” de estas personas en impuestos, como el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) por ganancias de capital, el Impuesto al Patrimonio, el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto de Enseñanza Primaria, detalla ese documento.
En las estadísticas oficiales, a diferencia de la riqueza, la pobreza tiene definiciones claras, ya sea según se mida considerando si a una persona o un hogar le alcanza o no para pagar una canasta básica de bienes y servicios —por el método del ingreso— o, la más reciente, en función de las privaciones en cuanto al acceso a la educación, al empleo, a las condiciones habitacionales, a los servicios básicos y a la protección social. En el primer semestre de este año, el 14,8% de las personas eran pobres desde la perspectiva monetaria, al quedar por debajo de la “línea de pobreza”. En cambio, el Instituto Nacional de Estadística no hace cálculos sobre la población adinerada y el tamaño de su fortuna.
Algunas organizaciones del exterior hacen estimaciones sobre el número de ricos en distintos países aplicando sus propias definiciones y modelos. Además de la lista mundial de las gigantescas fortunas —los milmillonarios— que publica la revista Forbes, otro conteo reconocido es el que realiza el banco suizo UBS y que abarca a unos 60 países, entre ellos Uruguay. La más reciente edición de su Reporte global sobre la riqueza mostró que, al cierre de 2025, se amplió en 356 el número de millonarios en el país —un incremento de 2% frente a un año atrás—, lo cual llevó el total a un estimado de 17.923 personas en Uruguay con una fortuna neta superior a US$ 1 millón.
Para su reporte, UBS define la riqueza como la suma de los activos financieros y no financieros, menos las deudas de los hogares. Las estimaciones las realiza empleando información de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Naciones Unidas, bancos centrales e institutos nacionales de estadística.
En América Latina está el 1,5% de los millonarios del mundo, según el banco suizo. Brasil, el país de la región con más ricos, sumó al menos 9.000 nuevos millonarios en 2025, para totalizar unos 386.000.
Por Ismael Grau para Búsqueda