El astillero español Cardama rechazó las acusaciones de “fraude o estafa” formuladas por el gobierno uruguayo luego de que se resolviera el contrato por la construcción de dos patrulleras oceánicas. La rescisión, anunciada la semana pasada por el Ministerio de Defensa, generó tensiones diplomáticas y podría derivar en acciones judiciales. El acuerdo, firmado en 2023 por más de 80 millones de euros, preveía la entrega de dos embarcaciones de última generación para reforzar la vigilancia marítima uruguaya. Sin embargo, el gobierno detectó irregularidades en la garantía bancaria presentada, emitida por una entidad en liquidación en el Reino Unido. Mario Cardama, director del astillero, aseguró que “no hubo fraude de ningún tipo” y que el proyecto sigue avanzado, con el 60 % del acero montado y el 90 % de los componentes encargados. Según el empresario, el aval fue renovado conforme al contrato y la decisión de Uruguay “carece de fundamento técnico o legal”. La empresa solicitó una reunión con el presidente Yamandú Orsi para intentar destrabar el conflicto. Mientras tanto, el gobierno uruguayo anunció que presentará una demanda para recuperar los fondos adelantados. El caso ha encendido el debate sobre la transparencia en los contratos internacionales de defensa y la supervisión de los mecanismos de garantía.