El 10 de abril de 2013 quedó marcado como una fecha histórica en Uruguay: ese día, el Parlamento aprobó la ley que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiendo al país en uno de los pioneros en América Latina en materia de derechos civiles.
La normativa, conocida como Ley N.º 19.075, fue ratificada ese mismo día por la Cámara de Representantes tras pasar por el Senado, consolidando un amplio respaldo político y social. Posteriormente, el 3 de mayo de 2013 fue promulgada por el entonces presidente José Mujica, y entró en vigencia el 5 de agosto de ese año, tras su reglamentación.
La ley estableció la igualdad plena en el acceso al matrimonio civil, eliminando distinciones legales basadas en el sexo de los contrayentes. Además, introdujo cambios en el Código Civil, adaptando términos tradicionales como “marido” y “mujer” por otros neutros, como “cónyuges” o “progenitores”, reflejando una visión más inclusiva de la familia.
Uruguay se convirtió así en el segundo país de América Latina en legalizar el matrimonio igualitario, después de Argentina, y en uno de los primeros a nivel mundial en reconocer este derecho.
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Los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo comenzaron a celebrarse en agosto de 2013, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia social del país, caracterizada por la ampliación de derechos y el reconocimiento de la diversidad.
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A más de diez años de su aprobación, la ley de matrimonio igualitario es considerada uno de los hitos más relevantes en la agenda de derechos en Uruguay, consolidando al país como referente regional en materia de igualdad y libertades civiles.

