El dato surge del reporte 2025 y expone fallas estructurales en el sistema de protección de infancia. El informe anual 2025 de Amnistía Internacional sobre Uruguay alertó por la situación del sistema de protección de la infancia y señaló que 114 menores de edad murieron bajo tutela del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) entre 2020 y 2025, de los cuales 20 fallecieron durante 2025.
La organización advirtió que estos casos “no constituyen episodios aislados”, sino que evidencian “déficits estructurales” en el funcionamiento del sistema.
El informe apunta a problemas en distintos niveles: prevención, evaluación de riesgos, coordinación entre instituciones y supervisión de medidas de protección.Según el documento, en varios casos existían antecedentes de violencia o indicadores de riesgo que no fueron atendidos de forma suficiente para evitar desenlaces fatales o situaciones de revictimización.
Entre los hechos mencionados se incluyen muertes de bebés
Uruguay
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El informe anual 2025 de Amnistía Internacional sobre Uruguay alertó por la situación del sistema de protección de la infancia y señaló que 114 menores de edad murieron bajo tutela del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) entre 2020 y 2025, de los cuales 20 fallecieron durante 2025.
La organización advirtió que estos casos “no constituyen episodios aislados”, sino que evidencian “déficits estructurales” en el funcionamiento del sistema.
El informe apunta a problemas en distintos niveles: prevención, evaluación de riesgos, coordinación entre instituciones y supervisión de medidas de protección.
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Según el documento, en varios casos existían antecedentes de violencia o indicadores de riesgo que no fueron atendidos de forma suficiente para evitar desenlaces fatales o situaciones de revictimización.
Entre los hechos mencionados se incluyen muertes de bebés en contextos de abandono, homicidios de adolescentes con antecedentes de violencia familiar y situaciones de extrema vulnerabilidad detectadas tardíamente.
Responsabilidad reforzada del Estado
Amnistía remarcó que, cuando los menores están bajo tutela estatal, el deber de protección es mayor y requiere una actuación “diligente, preventiva y articulada”.La organización también cuestionó la falta de recursos y de información clara sobre el funcionamiento del sistema.
En ese sentido, advirtió que la ley de presupuesto no detalla cuánto se invierte por cada niño o adolescente bajo protección ni establece mecanismos de transparencia suficientes para evaluar la política pública.
El informe plantea la necesidad de revisar en profundidad el sistema de protección, con mayor inversión, formación técnica y mecanismos efectivos de control y seguimiento.