Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha que invita a reflexionar sobre uno de los delitos más graves contra los derechos humanos. La trata implica la captación, traslado, acogida o retención de personas mediante engaño, amenazas, abuso de poder o vulnerabilidad, con fines de explotación.
Las formas más frecuentes de explotación son la sexual y la laboral, aunque también existen casos de servidumbre doméstica, matrimonios forzados, mendicidad forzada y extracción de órganos. Las principales víctimas son mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas migrantes y quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y económica.
En Uruguay, la trata de personas está tipificada como delito por la Ley Nº 19.643. Si bien el país ha fortalecido su marco legal y los mecanismos de prevención y asistencia, las autoridades reconocen que continúa siendo un fenómeno complejo, con importantes niveles de subregistro debido al miedo de las víctimas a denunciar y a las dificultades para detectar estos casos.
De acuerdo con los informes oficiales presentados por el Consejo Nacional para la Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, entre el 1.º de marzo de 2025 y el 1.º de marzo de 2026 se relevaron nuevos casos y se avanzó en la identificación de víctimas, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la mejora de los sistemas de atención y protección. El Estado continúa trabajando junto a organismos internacionales para perfeccionar las políticas de prevención, persecución penal y asistencia integral.
La Institución Nacional de Derechos Humanos advierte que la trata de personas constituye una de las expresiones más extremas de violencia y explotación, y sostiene que combatirla requiere un trabajo permanente entre organismos públicos, Poder Judicial, fuerzas de seguridad y organizaciones sociales. También destaca la necesidad de generar datos confiables, fortalecer la prevención y promover campañas de sensibilización para que la ciudadanía pueda reconocer las señales de alerta.
Las autoridades recuerdan que detrás de cada caso existe una historia de vulneración de derechos, por lo que la denuncia y la intervención temprana son fundamentales para proteger a las víctimas y desarticular las redes criminales que obtienen importantes beneficios económicos mediante la explotación de seres humanos.