La Fiscalía de Toledo y la Dirección de Crimen Organizado investigan a más de una decena de abogados que —junto con efectivos policiales— protagonizan una presunta maniobra en la que los defensores recibían los datos de parte de los funcionarios luego de que se produjeran siniestros de tránsito en Canelones.
Precisamente, según pudo saber Montevideo Portal, con base en fuentes de la causa, se allanaron los estudios de los defensores involucrados. Serían alrededor de quince los abogados involucrados.
El modus operandi indagado consistía en que, una vez ocurrido el siniestro, algunos efectivos policiales enviaban a los abogados la información de los protagonistas como nombres y números de contacto. Luego los propios defensores o personal de sus estudios iban hasta el lugar en pos de ofrecerles los servicios.
Los investigados ofrecían a las personas firmar un documento que indicaba que, en caso de cobrar el monto del Seguro Obligatorio Automotor (SOA), un porcentaje iría para los defensores. A cambio, los abogados se comprometían a presentar el trámite en los organismos competentes.
Las fuentes explicaron que la mayoría de las personas que firmaron estos documentos son quienes no poseían seguro, pero podían recibir el resarcimiento del SOA.
Además de enviar gente o ir ellos mismos a la escena, los abogados indagados también acudían a los CTI de hospitales luego de recibir el dato de que los potenciales clientes se encontraban allí.
Si bien ofrecer los servicios no es un delito, los investigadores entienden que se ha dado por un suministro de datos personales desde algunos efectivos policiales a los defensores investigados.
Esta información, presuntamente, era usada con el objetivo de obtener un beneficio una vez que los clientes firmaban los documentos.