El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala presentó un proyecto de ley que propone considerar una infracción gravísima de tránsito las agresiones físicas cometidas por conductores en el marco de incidentes viales, con sanciones que incluyen una multa y la suspensión de la libreta de conducir por hasta dos años.
La propuesta busca prevenir la violencia en el tránsito y establece que las agresiones puedan ser sancionadas con la suspensión de la libreta, independientemente de que también tengan consecuencias penales o civiles.
El proyecto establece que la agresión física intencional contra otro conductor, un pasajero, un peatón, otro usuario de la vía pública o un inspector de tránsito será considerada una infracción gravísima cuando tenga origen o vinculación directa con un incidente o conflicto vial.
La sanción prevista incluye la suspensión de la libreta de conducir por un plazo de hasta un año. Ese período podrá extenderse hasta los dos años si la agresión provoca lesiones graves o gravísimas, se utilizan armas u objetos capaces de causar lesiones, se emplea el vehículo como instrumento de ataque, la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad o el infractor es reincidente.
La propuesta excluye las discusiones verbales y los casos en que la agresión esté justificada legalmente. Además, si la persona sancionada no cuenta con libreta de conducir, no podrá obtenerla durante el período de inhabilitación.
Como fundamento de la iniciativa, Abdala menciona distintos episodios de violencia vinculados al tránsito ocurridos en el último tiempo. Entre ellos, el homicidio de un repartidor ocurrido el pasado 13 de abril en la esquina de Cuareim y Colonia, en el Centro de Montevideo. El trabajador murió tras una agresión con un objeto punzante, luego de una discusión de tránsito con un automovilista. El hombre que lo atacó fue condenado a siete años y siete meses de cárcel por el caso.
También hace referencia a una agresión ocurrida el pasado 20 de octubre en la intersección de Berro y Guayaquí, en Pocitos, que habría comenzado con una discusión entre conductores. El episodio, en el que un paciente oncológico fue agredido físicamente, renovó la preocupación por la violencia originada en conflictos viales.
El proyecto establece, no obstante, garantías para la aplicación de las sanciones. La infracción deberá acreditarse con pruebas suficientes que permitan comprobar la agresión, su vínculo directo con un incidente de tránsito y la responsabilidad de la persona involucrada. Para ello, podrán valorarse actuaciones policiales, testimonios, registros audiovisuales e informes médicos, entre otros elementos.
La presentación de una denuncia o la existencia de una investigación penal no serán suficientes, por sí solas, para imponer la sanción. Antes de resolver, la autoridad competente deberá permitir que el presunto infractor presente sus descargos y ofrezca pruebas.
En caso de aprobarse la ley, las suspensiones e inhabilitaciones que queden firmes se inscribirán en el Registro Nacional Único de Conductores, Vehículos, Infracciones e Infractores y tendrán alcance en todo el país. El texto también establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la norma dentro de los 180 días siguientes a su promulgación.