El padre de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado en marzo en Flor de Maroñas, fue condenado a 20 años de prisión por el crimen y por los antecedentes de violencia doméstica. El hombre, de 36 años, había permanecido en prisión preventiva mientras avanzaba el proceso judicial.
El cuerpo del joven fue encontrado durante la madrugada del 6 de marzo en una cuneta ubicada en la intersección de costanera Aurelia Viera y Puntas de Soto, frente a la vivienda familiar. La investigación, a cargo de la Fiscalía de Homicidios de 1º Turno determinó que su padre lo había golpeado hasta provocarle la muerte y luego había trasladado el cuerpo hasta la cuneta.
Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, la agresión ocurrió la noche anterior y comenzó porque Jonathan no había entrado a la vivienda a una perra que había tenido cachorros. El hombre lo golpeó reiteradamente con un cable, pese a los intentos de su pareja y de su hija menor para detenerlo.
Después de la golpiza, le ordenó al adolescente que se acostara. Cuando advirtió que había muerto, llevó el cuerpo hasta la cuneta y acomodó la cama con almohadas para simular que el joven seguía durmiendo. Más tarde, cuando su pareja notó que Jonathan no estaba, el hombre salió a buscarlo con ella y luego regresó diciendo que lo había encontrado en una zanja.
La causa también expuso los antecedentes de violencia que marcaron la vida del adolescente. Entre 2013 y 2025 se registraron denuncias relacionadas con su entorno familiar, según información policial a la que accedió Montevideo Portal. En noviembre de 2025, la UTU de Flor de Maroñas, donde estudiaba, había alertado sobre lesiones que presentaba el joven.
Tras la muerte de Jonathan, el Ministerio del Interior realizó una investigación administrativa que detectó errores en el registro de una denuncia y fallas en el seguimiento del caso. Entre otros puntos, se señaló que no se había cumplido adecuadamente con la comunicación al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), pese a que existía una disposición judicial vinculada a la situación del adolescente.
La Institución Nacional de Derechos Humanos también inició una investigación de oficio. Una de sus directoras, Jimena Fernández, sostuvo que hubo fallas de distintos organismos del Estado en la respuesta ante la violencia que sufría Jonathan.