Desde hace varios meses, la Fiscalía de Delitos Económicos de 3° Turno, cuyo titular es el fiscal Gilberto Rodríguez, investiga la causa del Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) por la faltante de unos US$ 40 millones provenientes de la herencia de María Luisa Gianoli, una mujer que fue declarada incapaz antes de fallecer.
Tal y como informó Montevideo Portal en diciembre de 2025, una de las principales novedades que surgieron a partir de la documentación incorporada a la investigación es el presunto vaciamiento de fondos que comenzó en 2019, cuando se retiraron US$ 21,5 millones de cuentas vinculadas a la herencia para la compra de treasuries que nunca ingresaron a Gorriti SA, la sociedad a través de la cual se administraba el patrimonio de Gianoli.
El Banco Central del Uruguay (BCU) elevó a la Fiscalía una serie de informes sobre los movimientos realizados y detectó que los sistemas de GBU registraron como operador a Gonzalo Correa, hijo de Álvaro Correa, quien estaba al frente de la sociedad de bolsa.
La denuncia fue presentada por familiares de la fallecida. El reclamo formal fue dirigido contra Álvaro Correa y el curador de Gianoli, José Luis Zabaleta. También fue incluida en la investigación Luján Cafasso, contadora que integraba la administración de Gorriti SA.
En la última audiencia celebrada por el caso se produjo un intercambio entre los abogados de las partes, luego de que se generara polémica respecto a la legitimación de los representantes de la familia denunciante.
Los abogados Pablo Correa y Diego Guadalupe cuentan con poder que los habilita a actuar, mientras que el penalista Juan Fagúndez también representa a la familia. A fines de febrero, los defensores presentaron un escrito en el que denunciaron nuevos hechos y abordaron lo sucedido en esa audiencia.
“Los comparecientes consideran que tienen la legitimación suficiente para aportar información que colabore con la averiguación de la verdad y solicitar o recomendar acciones a la Fiscalía, sin perjuicio de su capacidad como víctimas en tanto herederos de la causante, lo que surge claramente de las resoluciones del Juzgado de Familia”, señala el texto.
En el escrito se afirma que existe una medida de “no innovar” pendiente, luego de que la Fiscalía solicitara a la Justicia que se prohibiera intervenir en los bienes muebles e inmuebles de Álvaro Correa, GBU, Portfolio Forestal SA y Forestal International Limited.
El 31 de diciembre de 2025, la Justicia dispuso que la Fiscalía debía “aclarar previamente cuáles serían los bienes concretos objeto de la medida, o en su caso, si lo pretendido es solamente la notificación a los efectos con las consecuencias jurídicas que ello implicaría”.
En ese contexto, los abogados sostienen que Álvaro Correa incumplió una medida impuesta por la Justicia de Familia. En setiembre de 2024 se dispuso el cese “inmediato y apartamiento de todo tipo de actuación, gestión, asesoramiento o intervención en la administración del patrimonio de la causante María Luisa Gianoli Gainza” por parte de José Luis Zabaleta, Luján Cafasso y el propio Correa.
Pese al mandato judicial, en octubre de 2024 Correa solicitó el cambio de emisor del producto estructurado Tracker Certificado Portfolio Forestal, que inicialmente tenía como emisor a PKT Capital PCC Limited y luego pasó a GENSPV PCC Limited.
Además, modificó el agente de registro de Forestal International Limited y presentó ante el BCU un documento tracker presuntamente falsificado, ya que su valor sería de US$ 11.483.340 y no de US$ 33.000.000, como el que se exhibió en las actuaciones en las que intervino el organismo.
El escrito también deja constancia de que los US$ 33.000.000 utilizados por los investigados eran “propiedad directa e indirecta” de la incapaz fallecida Gianoli Gainza.
Algunas de las entidades destinatarias de los activos de la inversión forestal —ordenadas por Correa y los demás imputados—, como los productos tracker, estarían bajo su dominio al ser titular de acciones de gerenciamiento.
“Así, el imputado puede seguir adoptando cualquier tipo de decisión de administración, disposición o gravamen. No hay otros beneficiarios o titulares, por lo que las medidas que puedan adoptarse no generarán perjuicio alguno a terceros”, añade el escrito.
Los defensores de la familia solicitaron medidas como la prohibición de realizar actos de cesión, disposición, enajenación o gravamen de acciones y participaciones sociales de cualquier naturaleza.
También pidieron que no se puedan ceder, pagar ni ejecutar derechos en favor de cualquier persona, entidad o producto estructurado que derive de las inversiones realizadas con el patrimonio en cuestión.
Por otro lado, reclamaron el embargo genérico y específico de Portfolio Forestal Uruguay, Forestal International Limited y GBU, así como de los bienes de Zabaleta y Cafasso. Además, se menciona a Cristina Lestido y Marco Manfrini, quienes ya habían sido denunciados previamente y que, según la presentación, habrían participado en la maniobra investigada.