Un hombre de 56 años identificado con las iniciales fue condenado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 1.º Turno de Tacuarembó a 16 meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba, luego de comprobarse su autoría en un delito continuado de estafa.
El caso se originó a partir de dos denuncias independientes. La primera involucró a un particular que contactó al ahora condenado para invertir en un negocio de financiamiento ganadero que prometía altos beneficios mediante intereses anuales. Tras celebrar un acuerdo formal, la víctima transfirió US$ 50.000 americanos a la empresa del imputado. Al vencerse los plazos, el inversor no recibió las ganancias pactadas y, ante las constantes evasivas del empresario, recurrió a la Policía.
La segunda denuncia provino de un fideicomiso perteneciente a una entidad bancaria, que resultó damnificado por el incumplimiento de otro contrato celebrado con el mismo individuo.
La investigación combinó el trabajo de la Brigada de Seguridad Rural, la Dirección de Investigaciones y las Fiscalías Letradas de 1.º y 2.º Turno, quienes lograron desarticular las maniobras financieras del implicado mediante el análisis exhaustivo de documentos.
Como resultado de la audiencia judicial, evitará la prisión efectiva pero deberá cumplir estrictas medidas sustitutivas durante los 16 meses de condena. Los primeros seis meses permanecerá bajo arresto domiciliario total. Durante los diez meses restantes quedará sujeto a la orientación y vigilancia de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinama), con obligación de fijar un domicilio fijo, presentarse periódicamente en la seccional policial correspondiente y cumplir un mes de servicio comunitario.
El condenado es un empresario que tiene un estudio donde ofrece negocios inmobiliarios como rurales. En ese marco, poseía una clientela y usaba como garantía la trayectoria de la empresa, según las autoridades.