El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, ha tenido un rol relevante en decisiones adoptadas por el Ejecutivo, como la cancelación del proyecto Neptuno y la elaboración de la alternativa a esa iniciativa: una represa en la localidad de Casupá, en el departamento de Florida.
También, el Ministerio de Ambiente fue cuestionado, en los últimos meses, por organizaciones ambientales luego de que se habilitara la búsqueda de hidrocarburos en aguas uruguayas.
En entrevista con Montevideo Portal, el jerarca abordó el futuro de la cartera, los objetivos que el ministerio se plantea para la próxima Rendición de Cuentas, la polémica generada por la compra de una camioneta por parte del presidente de la República, Yamandú Orsi, y los distintos proyectos que actualmente impulsa la Secretaría de Estado.
El Ejecutivo deberá presentar, el 30 de junio, ante el Parlamento, la Rendición de Cuentas, en la cual habrá una reasignación de recursos para los organismos del Estado.
Sobre esto, Ortuño detalló que ya en el Presupuesto Quinquenal se planteó una apuesta “fuerte al fortalecimiento institucional del Ministerio de Ambiente”, por lo que, en esta instancia, se busca reforzar la incorporación de tecnologías para que “mejore la capacidad de inspección, de control y de gestión de los trámites ambientales”. “Estamos previendo, para este año, la digitalización de seis trámites que van a poder realizarse al 100% en línea y la incorporación de inteligencia artificial al servicio de los controles y de la gestión de los trámites. Tenemos previsto, a su vez, establecer y fortalecer mayores convenios con la academia para tener apoyo científico y técnico”, detalló.
Sobre esto último, mencionó que “está pronto” para la firma un acuerdo entre la cartera y la Udelar, las facultades de Ingeniería, Ciencias Sociales y de Información y Comunicación, con el objetivo de “fortalecer y profundizar el vínculo con la sociedad”.
“En esta Rendición de Cuentas, lo que estamos planteando y acompañando como decisión del gobierno son las prioridades establecidas para el área de seguridad y las áreas sociales, que tienen que ver con la atención a la primera infancia y a las personas en situación de calle, que son prioridades para el gobierno y, lo más importante, preocupaciones de la población”, mencionó el jerarca.
Además, reconoció que “para este año, el objetivo fundamental es incorporar una nueva ley de delitos ambientales, porque entendemos que este aumento de sanciones administrativas que establece el nuevo decreto de multas debe tener el complemento de una incorporación en el Código Penal de un capítulo de delitos ambientales”.
Polémica por la compra de la camioneta del presidente
El titular del Ministerio de Ambiente se refirió a uno de los temas que marcó la agenda de los primeros días de junio: la utilización por parte de Orsi de una camioneta donada a la campaña electoral del Frente Amplio como forma de pago para adquirir un vehículo personal.
“El presidente cerró el tema con una respuesta a la altura de la honradez que le conocemos a Yamandú Orsi y de la ética del Frente Amplio”, mencionó, en referencia al video que divulgó Presidencia, en el que el mandatario explicaba el proceso por el cual adquirió la camioneta.
“Orsi reafirma que no hay beneficio personal para él y hay un gesto ético con la donación, que critican muchos que nunca han donado nada. Es una señal que reafirma los valores fundamentales que entendemos que tiene que tener la función pública y que, sin lugar a dudas, tiene que tener un gobierno de izquierda y del Frente Amplio”, mencionó.
Desde inicios de 2026, se desarrolla la búsqueda de hidrocarburos en aguas uruguayas. El plan divide el área total de exploración en cinco fases: las fases I y II, correspondientes a aguas someras, abarcan un área de prospección de 12.895 km² y 12.253 km², respectivamente; mientras tanto, las fases III, IV y V, de aguas profundas, abarcan un área de prospección de 5.119 km², 12.013 km² y 8.624 km².
Esto generó varias controversias, y organizaciones ambientales presentaron ante la Justicia recursos en contra del avance de la prospección sísmica, pero, finalmente, esta falló a favor del Estado y se podrá continuar con la búsqueda de petróleo.
“Ratificó el compromiso del Ministerio de Ambiente en la protección de nuestra biodiversidad marina. Por primera vez se establecieron las medidas más exigentes de controles de prevención y de protección del ambiente; se duplicó el área de protección de fauna marina, dentro de la cual no solo no se puede, si hay presencia de animales, realizar la actividad de prospección, sino que, si se está realizando, se debe detener”, dijo Ortuño.
Además, detalló que la cartera exigió que las naves que realizan la búsqueda cuenten con la presencia de seis observadores e inspectores del Ministerio de Ambiente. Asimismo, destacó que las medidas de protección ambiental aplicadas durante la primera etapa permitieron que no se registraran muertes de animales.
En caso de que en la búsqueda se encuentre petróleo, Ortuño aseguró que la sociedad uruguaya “estará en condiciones de darse un intercambio y un diálogo nacional para decidir una estrategia que incluya medidas de protección ambiental”.
“Los países más avanzados del mundo han demostrado, como es el caso de Noruega —que es líder en protección del ambiente y al mismo tiempo explota el petróleo— que es un desafío que se puede compatibilizar”, agregó.
Proyecto casupÁ
“Soy un convencido de que tenemos que concentrarnos en atender las necesidades del país y de la población y avanzar en el cumplimiento de los compromisos que establecimos con la gente”, dijo.
“Construir Casupá genera una reserva de agua dulce y asegura el abastecimiento de agua potable con una perspectiva hasta 2050. Es una necesidad del país y es un compromiso de gobierno establecido por el Frente Amplio y por el presidente de la República, coincidente y coherente con lo que planteamos durante todo el período anterior”, aseguró.
El llamado a licitación comenzará en este mes de junio, detalló. Asimismo, señaló que desde el año pasado el Ministerio de Ambiente trabaja en la actualización de los estudios de impacto ambiental del proyecto, que ya habían sido elaborados y presentados anteriormente.
Según explicó, la tarea se desarrolla con equipos técnicos de la cartera y con especialistas de la Universidad de la República. Además, destacó el aporte de un equipo de ingenieros argentinos. El jerarca estima que en 2027 podrían iniciarse los trabajos de construcción de la represa.
Al ser consultado sobre si el gobierno tiene acciones ya previstas en caso de que se vuelva a dar una crisis hídrica antes de tener la represa construida, Ortuño respondió: “Son importantes las políticas ambientales de protección y de acción climática, porque hoy ya estamos en un contexto de cambio climático que sufrimos, fundamentalmente, con prolongadas sequías que vienen cada vez más seguido y que son más duras progresivamente”.
Ante esto, detalló que “Uruguay ya está más preparado”, debido a que las autoridades hicieron relevamiento de lo que fue la crisis de 2023 y se realizó la “aplicación, por primera vez en el país, del protocolo de respuesta ante sequías”.
“Contamos con infraestructuras de prevención y de respuesta ante situaciones de déficit hídrico que antes el país no tenía”, dijo.