La denuncia fue radicada por los diputados Guillermo Michel y Laura Marclay y el senador Adán Humberto Bahl, que sostienen que el proyecto podría generar “un daño irreparable en el ambiente”. En particular, cuestionan que la iniciativa no habría cumplido con las disposiciones del Estatuto del Río Uruguay ni con los antecedentes fijados por la Corte Internacional de La Haya en el conflicto por la planta de Botnia-UPM.
Según se desprende del fallo, al que accedió Montevideo Portal, los demandantes impulsaron una acción de prevención de daños y solicitaron medidas urgentes para evitar o mitigar posibles impactos ambientales. En ese sentido, pidieron la producción anticipada de pruebas al considerar que, por la naturaleza del caso, podrían volverse de difícil o imposible realización en etapas posteriores del proceso judicial.
El juez federal que interviene en la causa entendió que existe justificación suficiente para acceder parcialmente a ese planteo y ordenó solicitar información a la Dinacea para conocer detalles sobre la solicitud de autorización ambiental del proyecto, el estudio de impacto ambiental presentado y la eventual realización de audiencias públicas. También se requirió información a la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) sobre si existe un estudio de impacto ambiental de carácter transfronterizo.
Asimismo, la Justicia dispuso la realización de una pericia ambiental a cargo de un biólogo, un reconocimiento judicial del área involucrada y pedidos de informes a organismos uruguayos sobre la composición societaria de las empresas involucradas y sus beneficiarios finales.
En cambio, el tribunal rechazó la producción anticipada de prueba testimonial al considerar que no se acreditó que existan impedimentos para su realización en la etapa procesal correspondiente, como podría ser la avanzada edad o enfermedad de los testigos.