MIDES:quienes están en la primera línea de esta política social,no cobran por su trabajo. El ministerio, atrapado en un conflicto que ya lleva un año y medio

Trabajar para cuidar a quienes más necesitan del Estado y, al mismo tiempo, no saber cuándo se cobrará el salario. Esa es la paradoja que atraviesa hoy a cientos de trabajadores y trabajadoras tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en un conflicto que, según los trabajadores, lleva aproximadamente un año y medio y que lejos de encontrar una salida definitiva continúa acumulando atrasos, incertidumbre y reclamos.
La situación vuelve a quedar expuesta este viernes 14 de agosto, cuando trabajadores y directivos de distintas organizaciones vinculadas a convenios con el MIDES se concentren frente a la sede central del ministerio, reclamando el pago de salarios y de los servicios tercerizados.
La convocatoria denuncia más de 700 cupos activos cuyos trabajadores no estarían siendo remunerados y reclama soluciones “inmediatas y permanentes”. La consigna es contundente: no se puede sostener una política social si quienes están en la primera línea de esa política no cobran por su trabajo.
El problema no es nuevo. En los últimos meses, los sindicatos han denunciado atrasos salariales que alcanzaron a cientos de trabajadores. En julio, SUTIGA señalaba que unos 500 trabajadores continuaban desempeñando sus tareas sin recibir sus salarios. En agosto, nuevas denuncias volvieron a poner el foco sobre organizaciones que mantenían atrasos en el pago de remuneraciones.
Y ahí aparece la contradicción más profunda.
¿Cómo puede un Ministerio cuya razón de ser es atender la vulnerabilidad social terminar generando vulnerabilidad en quienes sostienen sus servicios?
Porque detrás de cada convenio hay personas. Educadores, trabajadores sociales, técnicos, cuidadores, administrativos y otros funcionarios que todos los días trabajan con personas en situación de calle, personas con discapacidad, niños, adolescentes, familias atravesadas por la pobreza, situaciones de violencia, salud mental y otras realidades complejas.
No son números en un expediente.
Son trabajadores que tienen alquileres, hijos, cuentas, alimentos y responsabilidades. Personas que necesitan cobrar su salario para vivir.
Pero además hay otra dimensión que no puede ser ignorada: cuando un trabajador de un dispositivo social no cobra, no solamente se afecta al trabajador. También se pone en riesgo la continuidad y la calidad de la atención de quienes dependen de ese servicio.
Los trabajadores tercerizados son parte fundamental de una estructura que el propio Estado necesita para desarrollar políticas sociales. Los convenios con organizaciones de la sociedad civil permiten sostener dispositivos de atención que funcionan todos los días, incluso durante las noches, fines de semana y feriados.
El propio MIDES reconoce la importancia de garantizar la atención a personas en situación de extrema vulnerabilidad y ha señalado que trabaja para que las medidas gremiales no perjudiquen esos servicios.
Pero la pregunta permanece: ¿cómo se garantiza un servicio social si quienes lo sostienen están económicamente asfixiados?
La explicación oficial y administrativa suele hablar de expedientes, rendiciones, controles, tiempos burocráticos y procedimientos. Desde el Gobierno se ha señalado que el problema viene disminuyendo y que se incorporan herramientas tecnológicas para acelerar los procesos de rendición.
Pero para quien lleva semanas o meses sin cobrar, la burocracia tiene nombre y apellido.
Tiene una factura que no puede pagar.
Tiene una cuenta que vence.
Tiene una familia que espera.
Tiene un trabajador que sigue concurriendo a su lugar de trabajo aun cuando su propio salario no aparece.
Y esa es quizás la imagen más dura de este conflicto: personas encargadas de cuidar a otros mientras el Estado no logra garantizarles a ellas la tranquilidad mínima de saber cuándo cobrarán.
El problema tampoco parece limitarse a una organización. Las denuncias sindicales hablan de atrasos en distintos convenios y organizaciones. En mayo se informaba de retrasos de hasta dos meses en salarios y liquidaciones de trabajadores vinculados a organizaciones contratadas por el MIDES.
Incluso existen convenios oficiales que establecen responsabilidades laborales específicas para las organizaciones contratadas y contemplan mecanismos mediante los cuales el MIDES puede retener partidas y eventualmente pagar por subrogación créditos laborales adeudados, de acuerdo con la normativa vigente.
Por eso, el debate ya no debería ser solamente quién tiene la culpa del atraso.
El debate debería ser cómo se evita que vuelva a suceder.
Porque si el sistema depende de trabajadores tercerizados para atender a población vulnerable, el Estado tiene que garantizar que ese sistema funcione. Y funcionar significa mucho más que abrir un refugio, mantener un centro o habilitar un cupo.
Significa que quien trabaja allí cobre.
Significa que las organizaciones tengan los recursos en tiempo y forma.
Significa que las personas atendidas no queden atrapadas en medio de una disputa administrativa.
Significa que exista previsibilidad.
Y, fundamentalmente, significa entender que una política social también se mide por cómo trata a quienes la hacen posible.
El reclamo de los trabajadores del MIDES no es solamente salarial.
Es un reclamo por dignidad, estabilidad y respeto.
Porque un Estado que pretende reconstruir derechos para los más vulnerables no puede naturalizar que quienes están en la primera línea de esa tarea trabajen sin saber cuándo recibirán su sueldo.
No hay política social sostenible con trabajadores precarizados.
Y después de un año y medio de conflicto, lo que se necesita ya no son explicaciones.
Se necesitan respuestas, fechas y soluciones permanentes.