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    Laboratoristas en alerta

    PorDaniel Caiazzo

    Jun 16, 2022

    La Asociación Uruguaya de Laboralistas, integrante de la Asociación de Laboralistas de

    América Latina (AULA-ALAL) hace saber su preocupación ante la forma, y el contenido con

    que se pretende reformar la Ley de Negociación Colectiva (Ley Nro. 18.566 del 11 de

    setiembre de 2009).

    Con el argumento de atender los cuestionamientosformulados por la Cámara de Industrias

    del Uruguay y la Cámara Nacional de Comercio yServicios, el mencionado proyecto de ley

    incluye disposiciones que representan un retroceso importante. Entre ellas destacamos:

    A efectos de poder acceder a la información necesaria para el normal desarrollo de la

    negociación colectiva, el proyecto establece que los sindicatos deberán tramitar y obtener

    el reconocimiento de personería jurídica. De esta manera se condiciona el acceso a un

    derechohumano fundamental al cumplimiento de una obligación que ha sido histórica y

    jurídicamente considerada una facultad, perpetrando de esta forma la injerencia del Estado

    en un terreno privativo de la organización de lostrabajadores, atacando al principio dela

    autonomía, ycon ello la regulación de la libertad sindical dada por laO.I.T. a través del

    Convenio Internacional del Trabajo Nro. 87.

    Se afectan los derechos no solo de quienes realizan actividad sindical, sinode todos aquellos

    que se ven beneficiados por las mejoras acordadas mediante convenios colectivos, al

    eliminar de plano y peligrosamente la ultraactividad existiendo múltiples soluciones

    jurídicas que indican las bondades de su mantenimiento a efectos de evitar el perjuicio de

    la parte más débil de la relación laboral.

    A todo esto, se agrega que las cámaras empresarialesque realizaron su queja ante OIT, han

    expresado que no la retirarán, por lo cual, el proyecto solo generará perjuicios a los

    trabajadores, y no servirá para atender la queja, fundamento último según el gobierno.

    En un momento de crisis, de constante suba de precios, y concentración de los ingresos, el

    regular ylimitar la libertad de negociación de quienes viven exclusivamente de su trabajo,

    es optar contra el más perjudicado.