En la madrugada del 21 de abril de 1974, un grupo de las Fuerzas Conjuntas , que incluía a efectivos del ejército y la policía, abrió fuego en un pequeño apartamento en el barrio Brazo Oriental, en Montevideo.
En el interior había tres mujeres: la dueña de casa, Silvia Reyes, de 19 años, y dos compañeras, Laura Raggio y Diana Maidanik, ambas estudiantes de psicología —Maidanik además, maestra jardinera—, quienes se habrían quedado a estudiar y dormir.
Las tres eran compañeras de militancia en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), organización en la que se dedicaban a tareas como repartir volantes y «no habían agarrado un arma» declararon sus familiares a la Justicia.
«Abran, abran que tiramos», recuerdan haber oído los vecinos, a eso de las tres de la mañana.
Lo que siguió fue una balacera ensordecedora, con más de 200 proyectiles disparados en el interior de la residencia.
Luego, los cuerpos de las tres jóvenes fueron retirados en bolsas, cada uno con decenas de balazos, según descubrirían más tarde sus familiares.
El operativo tenía como objetivo detener al marido de Reyes, Washington Barrios, también militante del MLN-T, quien había logrado huir a Argentina (donde luego sería detenido, en 1974, y aún permanece desaparecido).
Silvia Reyes esperaba al primer hijo de ambos cuando fue acribillada.
La matanza de las tres jóvenes, que pasaron a ser conocidas como las «muchachas de abril» fue una de las más cruentas ocurridas durante el último régimen cívico-militar uruguayo, instaurado tras un golpe de Estado el 27 de junio de 1973, hace 48 años.
Pero aunque ha pasado casi medio siglo y Uruguay ya lleva más de 36 años de democracia —incluyendo tres gobiernos de izquierda, estas muertes siguen impunes.