Suena a rabia, a desesperanza, a miles de personas marchando por 18 de Julio con cientos de fotos. Suena a un comunicado de prensa, a algunas botas entrando a un tribunal de (des)honor, a una cámara prendiéndose frente a la Torre Ejecutiva, a los dedos golpeando con impotencia la pantalla de un celular, a los dedos escribiendo un artículo sobre la impunidad en un escritorio de la ciudad de Salto.
Impunidad. Una palabra que se repite tras una foto en blanco y negro, que expresa una boca mojada por lágrimas y que muestra una pancarta llevada a paso firme en el silencio de la noche. No suena a nada lindo, no suena a nada agradable para los uruguayos. La impunidad es una herida que la sociedad y la política uruguaya no han sabido cerrar, una profunda grieta que hemos decidido tapar con tela, creyendo que aguantaría mucho tiempo.
Algunos afirman que la democracia uruguaya está construida en base a la impunidad, que somos hijos de pactos tácitos y explícitos, que cada acto eleccionario que transcurre con normalidad entierra un pedazo de la verdad, la memoria y la justicia que le debemos a los muertos y desaparecidos en la dictadura militar. Algunos afirman que esta herida se irá cerrando con el tiempo, pero el estado uruguayo nunca más será inocente; estamos hablando de delitos que, en lo moral, no deberían prescribir jamás.
Cada tanto, lamentablemente cada vez con menos frecuencia, surgen novedades y avances en lo que respecta a las investigaciones sobre los delitos cometidos por el Estado durante la última dictadura militar. Confesiones de militares retirados, descubrimiento de cuerpos en algún batallón, condenas de otros países; la justicia llega en cuentagotas, algo que sirve solamente para recordarnos una de las frases, en mi opinión, más nobles que tiene nuestra sociedad: Nunca Más Dictadura.
La búsqueda de la verdad nos lleva a pensar cuestiones previas, cuestiones que incomodan al sistema político y nos interpelan como sociedad, muy especialmente a los que defendemos (porque yo también lo hago) el sistema sociopolítico uruguayo como un ejemplo para la región. Nos interpela desde lo histórico, desde la hipocresía que puede tener un pueblo al fingir que está todo bien, que se ha salido de una noche de doce años sin problemas, cuando existen varias heridas que siguen abiertas y varias familias que no conocen la verdad.
Analicemos muy brevemente (casi de forma simplista y poco profesional) los hechos históricos que se ponen en juego a la hora de hablar de impunidad: El Pacto del Club Naval, La Ley de la Caducidad de las Pretensiones Punitivas del Estado, el posterior plebiscito para derogarla, el debate entre Seregni y Wilson…
El Pacto del Club Naval fue, a mi entender, el origen primero de la impunidad. Una mesa ilegítima, haciendo tratos ilegítimos y pasando por encima de la voluntad de un pueblo que, tiempo antes, se había manifestado a favor de una salida sin presos políticos ni proscriptos.Podré pecar de infantil, pero creo que la salida de la dictadura militar se pudo haber hecho de mejor manera y cumpliendo al pie de la letra lo establecido por la Interpartidaria en la proclama del obelisco. Creo que la salida del Club Naval fue, y me baso en opiniones de protagonistas, un acuerdo ganar-ganar entre los que se sentaron en la mesa, quedando de espaldas al pueblo y a la mitad del electorado: a Wilson.
El Club Naval es el origen de la impunidad ya que, en palabras del propio Hugo Medina (comandante en jefe del ejército de aquella época), dejó la idea de que los militares no iban a entregar el poder sin nada a cambio; hubo un acuerdo tácito entre las partes, acuerdo que desprendió una serie de sucesos históricos que finalizaron en la redacción y votación de la Ley de Caducidad.
Uno de esos hechos previos a la ley fue el debate entre Seregni, Marchesano y Wilson Ferreira. En este debate quedaron claras las posturas de los principales protagonistas, y es el documento histórico más importante a la hora de hacer acusaciones sobre el origen de la impunidad en Uruguay.La aprobación de la Ley de Caducidad se explica solamente en el marco de la crisis institucional que vivía el país en esos meses. Los responsables de la redacción manifestaron que era necesaria la institucionalización de lo pactado en el Club Naval por el Frente Amplio, el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas. Un pacto que comenzó a destruir la justicia y generó la impunidad.
La negativa popular a la derogación de la Ley de Caducidad se puede explicar por el componente social que protege a la impunidad. Hay una suerte de mecanismo protector que se basa en la idea del “progreso”, del “mirar hacia adelante” como si la aplicación de la justicia se tradujera en un retroceso social.
Pero además de todo esto, y por detrás de toda institucionalidad, existe un pacto de silencio entre muchas de las partes involucradas en los conflictos y muertes de la dictadura. Esto se ve claramente cuando se realizan omisiones infantiles por parte de Presidencia, o se pide una especie de Indulto social por parte de un Ex Tupamaro y Ex Presidente de Uruguay.
La impunidad sigue latente, convivimos con ella todos los días de nuestra vida. Es el deber de las nuevas generaciones hacer pagar a los responsables de los delitos y del terrorismo de estado, pero es aún más importante buscar la verdad y ejercitar la memoria. Debemos ser constructores de democracia, de una democracia que vuelva a tener sus bases en el pueblo y no en un pacto de silencio entre viejos enemigos.
Augusto Bonet
