Un jurado en California ordenó al actor y comediante Bill Cosby pagar 19,25 millones de dólares a Donna Motsinger, quien lo acusó de haberla drogado y violado en 1972. El fallo, emitido más de cinco décadas después de los hechos, se inscribe en una serie de procesos civiles que han reactivado denuncias históricas por abuso sexual en Estados Unidos.
La demandante sostuvo que conoció a Cosby en un restaurante del norte de California y que, tras aceptar una invitación a uno de sus espectáculos en Los Ángeles, fue drogada durante un trayecto en limusina. Según su testimonio, perdió la conciencia de forma intermitente y fue agredida sexualmente. Cosby, de 88 años, negó las acusaciones y afirmó que la relación fue consensuada.
El comediante no testificó durante el juicio, un factor que, según analistas legales, pudo influir en la decisión del jurado.
Contexto: del #MeToo a la justicia civil
El caso se produce en un contexto marcado por la expansión de demandas civiles impulsadas tras el movimiento Me Too, que facilitó la revisión de casos antiguos mediante cambios legislativos en varios estados de EE.UU., incluyendo la ampliación o suspensión de los plazos de prescripción.
Cosby ya había sido condenado en 2018 por la agresión sexual contra Andrea Constand, en lo que fue considerado un caso emblemático del #MeToo. Sin embargo, en 2021 la Corte Suprema de Pensilvania anuló la condena por irregularidades procesales vinculadas a un acuerdo previo entre el acusado y la fiscalía.
Desde entonces, el actor enfrenta múltiples demandas civiles, un frente judicial que ha cobrado mayor relevancia ante la dificultad de sostener procesos penales en casos antiguos.
Implicancias y lecturas
El fallo refuerza una tendencia en el sistema judicial estadounidense: el uso de la vía civil como mecanismo para obtener reparación en casos donde la persecución penal resulta inviable. A su vez, subraya el peso creciente del testimonio de las víctimas en contextos donde las pruebas materiales son limitadas por el paso del tiempo.
Para América Latina, el caso ofrece varias lecturas. Por un lado, evidencia el impacto que pueden tener reformas legales orientadas a ampliar el acceso a la justicia en delitos sexuales. Por otro, pone en agenda la discusión sobre la prescripción y la revictimización, temas aún pendientes en muchos sistemas judiciales de la región.