La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) advirtió que una eventual recepción en Uruguay de personas deportadas desde Estados Unidos (EE. UU.) deberá estar condicionada al cumplimiento de estrictas garantías de derechos humanos.
En un comunicado, el Consejo Directivo de la institución señaló que tomó conocimiento de la posibilidad de que el Estado uruguayo reciba personas deportadas desde territorio estadounidense y sostuvo que cualquier decisión en ese sentido debe contemplar la protección de los derechos de quienes lleguen al país.
“La recepción de personas deportadas solo puede considerarse si se cumplen como mínimo” determinadas condiciones, afirmó la Inddhh, que destacó la tradición uruguaya de brindar acogida y protección a inmigrantes que lo solicitan.
Entre las principales exigencias planteadas está la realización de entrevistas individuales y garantistas para cada persona que pretenda solicitar refugio. Según la institución, esas instancias deberán estar a cargo de técnicos, desarrollarse en un marco de confidencialidad, contar con consentimiento informado y con una manifestación explícita de la voluntad de solicitar refugio. Además, deberá haber una evaluación independiente de las necesidades de protección.
La Inddhh estableció también que ningún menor no acompañado deberá formar parte del programa.
A su vez, reclamó que para conceder el refugio se utilicen los criterios ya establecidos por la Comisión de Refugiados (CORE), incluida la explicación de las razones por las cuales se otorga esa protección.
Otro de los puntos centrales refiere al traslado desde EE. UU. La institución sostuvo que deberá realizarse “con todas las garantías, de forma tal de evitar toda posible interpretación como siendo un traslado forzado”.
En caso de que las personas sean recibidas en Uruguay, la Inddhh también pidió que tengan acceso inmediato a documentación que les permita regularizar su situación migratoria y garantice su libertad de movimiento fuera del país.
La institución sostuvo que Uruguay tiene ante sí “la oportunidad y la responsabilidad” de abordar la situación teniendo como principio rector “el respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos de cada persona”.
Finalmente, la Inddhh manifestó su disposición a colaborar con el Estado en la construcción de esas garantías y anunció que se compromete a monitorear el proceso.
A fines de julio, se informó que el gobierno de Donald Trump negociaba con Uruguay el envío de ciudadanos cubanos deportados, aunque la propuesta también podía alcanzar a personas de otras nacionalidades. Según la información publicada entonces, las conversaciones entre el Departamento de Estado estadounidense y la Cancillería uruguaya llevaban varios meses.
El 7 de agosto, el presidente Yamandú Orsi confirmó que las conversaciones efectivamente se desarrollaban desde hacía meses, aunque aclaró que todavía no existía un acuerdo. “Se está conversando hace muchos meses; son conversaciones. En diplomacia se habla mucho, pero se juega callado”, afirmó.
Orsi también señaló que la propuesta estadounidense todavía estaba en proceso de definición: “En realidad, la propuesta de los Estados Unidos está afinándose. Estamos afinando opiniones, puntos de vista”. El mandatario remarcó que Uruguay aún no había llegado a un acuerdo y pidió manejar las negociaciones con prudencia.