El Ministerio del Interior inició un sumario administrativo contra Carlos Piedra, presidente del sindicato de la Guardia Republicana, tras declaraciones públicas en medios de comunicación sobre el funcionamiento policial.
El procedimiento se originó luego de entrevistas que el dirigente sindical concedió en programas de televisión y radio, donde se refirió al equipamiento de la unidad, especialmente a los cascos utilizados en operativos de control del orden público, además de cuestionar la conducción policial y ministerial.
Según la resolución administrativa, podría haber generado una desacreditación de la gestión y del comando de la fuerza. A partir de esa interpretación se dispuso la apertura de un sumario y la suspensión preventiva del funcionario con retención de la mitad del salario por hasta seis meses.
En el expediente también se analizaron otras entrevistas radiales y televisivas. La investigación concluyó que algunas de las afirmaciones realizadas “excederían” el marco de la actividad sindical, aunque reconoce que gran parte de los comentarios estaban vinculados a condiciones de trabajo y a la operativa policial.
Desde la Unión de Policías de la Guardia Republicana (UNI.POL.GR) cuestionaron el proceso y advirtieron que el informe se basa más en interpretaciones administrativas que en prohibiciones legales explícitas. El gremio sostiene que no existen normas que impidan a un dirigente sindical expresar públicamente críticas sobre el funcionamiento institucional.
El sindicato también cuestionó el criterio aplicado respecto a la divulgación de información. Según planteó, autoridades de alto nivel han brindado en otras ocasiones detalles de procedimientos policiales sin que ello derivara en sanciones disciplinarias.
Otro punto señalado por el gremio es que el propio expediente reconoce atenuantes como la ausencia de agravios personales, la inexistencia de actividad partidaria y la buena conducta funcional previa del funcionario.
Pese a ello, la asesoría jurídica del ministerio sostuvo en su informe que la sanción que correspondería aplicar sería la destitución. La resolución final, sin embargo, quedará en manos del ministro del Interior, Carlos Negro, luego de analizar los descargos que presentará la defensa del dirigente.
La Unión de Sindicatos Policiales del Uruguay (USIP) manifestó además su preocupación por el proceso. Si bien aclaró que no comparte necesariamente la estrategia sindical de Piedra, advirtió que disciplinar a un representante por sus declaraciones públicas puede sentar un precedente para todos los trabajadores del ámbito policial.