El Poder Ejecutivo firmó un decreto reglamentario de control de municiones que establece límites de adquisición y venta según el tipo de usuario, incorpora trazabilidad en las importaciones y endurece las sanciones penales por modificación ilegal de armas.
“Las municiones hasta el día de ayer estaban sin control alguno y ahora estamos intentando regular para bajar esa incidencia de los disparos de armas de fuego en el país”, expresó el ministro del Interior, Carlos Negro, en rueda de prensa este miércoles 28 de octubre.
Según resaltó el jerarca, la “proliferación” de armas de fuego y la “falta de control” sobre las municiones “eran de los principales problemas” que ocuparon a su cartera desde el inicio de la gestión. Asimismo, añadió que la normativa forma parte del Plan Nacional de Seguridad Pública y fue fruto de un “diálogo intenso” con las asociaciones de tenedores y usuarios de armas, lo que permitió diferenciar tipos de usuarios para que la reglamentación no afecte a quienes hacen uso legal y legítimo de las armas de fuego.
Los detalles
La nueva reglamentación establece un sistema de trazabilidad para las municiones importadas por los ministerios de Defensa Nacional y del Interior, e incorpora el marcaje de las municiones destinadas a uso policial. “Es uno de los requisitos que establece la nueva reglamentación para la importación de municiones, para tener un control de dónde surgen y a qué están destinadas”, precisó el exfiscal de Homicidios.
El jerarca destacó también que la cooperación entre ambas secretarías de Estado —que según señaló no tenía antecedentes en la materia— derivó en la construcción de un registro común de armas, algo que calificó como “una etapa muy, muy importante luego de muchos años de escaso diálogo entre ambas instituciones”.
El decreto también apunta a endurecer las sanciones penales para conductas como el tráfico de armas, la alteración de numeración para impedir su identificación y la conversión de armas semiautomáticas en automáticas. “Una pistola se transforma prácticamente en una metralleta”, graficó el ministro al referirse a esa última modalidad.
Previo a la rueda de prensa, ambas carteras hicieron una conferencia en la que el director de Estadística y Criminología Avanzada del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, presentó cifras del acceso, uso e impacto de las armas de fuego en el país. De acuerdo con esos datos, hubo un aumento del 300% en la participación de estas armas en delitos, especialmente en delitos contra personas, entre 2013 y 2025.
Negro vinculó ese incremento directamente con la disponibilidad y proliferación de armas en la población, mientras que Sanjurjo calificó ese dato como “uno de los indicadores más preocupantes” y lo interpretó como señal de una delincuencia que demanda cada vez más armas.
“Esto pone a Uruguay a tono con los estándares internacionales”, afirmó Sanjurjo respecto al nuevo marco normativo.
Respecto a las armas 3D, Sanjurjo advirtió que en Brasil grupos criminales las producen de forma casi industrial y que en Uruguay ya se están incautando piezas traficadas desde ese país. De tal forma, a partir del decreto, quedan prohibidas la importación, compraventa, uso, transferencia y los archivos digitales para fabricar armas 3D, con uso reservado exclusivamente para Fuerzas Armadas y Policía.
Las armas de aire comprimido también pasan a ser controladas por primera vez, dado que muchas ya tienen un poder de fuego igual o superior al de las armas convencionales y en Uruguay ya hay registradas muertes por ese tipo de armas.