EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA ES UN DELITO DE LESA HUMANIDAD
Frente a los últimos hechos de explotación sexual adolescente, que están siendo procesados en la órbita
judicial, llevados adelante por un numeroso grupo de hombres adultos con amplio conocimiento de sus
deberes legales dadas sus profesiones y lugares de trabajo, la Unidad de Derechos de las Ciudadanas
del Frente Amplio, considera adecuado elevar un llamado de atención pública dirigido a las actuales
autoridades con responsabilidad en la materia de prevención, atención, persecución de delito y
reparación a las víctimas directamente afectadas y sus familias.
Es claro que nuestra legislación vigente, coherente con los compromisos internacionales asumidos por
Uruguay, reconoce a la explotación sexual y a la trata de personas como un delito de lesa
humanidad, donde el supuesto consentimiento de la víctima no puede ser tomado en cuenta, por el
reconocimiento del abuso de poder del victimario que supone el delito.
Sin embargo, lamentablemente la sociedad uruguaya y sus instituciones, aún continúan reproduciendo
los patrones culturales de dominación machista en el marco de las relaciones económicas capitalistas
que expanden una cultura del consumo, donde los cuerpos de las mujeres se exponen en distintas
formas como productos de compraventa situaciòn agravada en las mujeres racializadas.
Valoramos como un logro efectivo la investigación en curso que devela la presencia cotidiana de este
delito, que se reproduce cotidianamente pero cuya dimensión no se refleja en las actuaciones judiciales,
dado que la prevención de las causas, la denuncia de la sospecha por parte de la ciudadanía y las
instituciones y la investigación policial proactiva aún no poseen el ímpetu que la gravísima realidad
requiere.
La sociedad uruguaya frente a la formalización de este número de ciudadanos ha tomado conciencia de
la gravedad del problema; sin embargo en la cotidianeidad de la vida en los hogares, en el barrio, en las
instituciones educativas, entre otras, numerosas situaciones percibidas no son atendidas como señales
de preocupación y signos de posibles hechos de explotación. Es que existe un velo, parecería que
primara un deseo de no ver, no involucrarse y en última instancia dejar hacer.
Así, las adolescentes y jóvenes resultan estigmatizadas, con estereotipos negativos, que las aíslan y
empujan a vincularse con personas y redes asociadas a la explotación sexual y la trata.
En los últimos 15 años, diversos actores institucionales y organizaciones sociales colocaron esta
problemática en la agenda pública, lográndose avances significativos, sin embargo los esfuerzos son aún
muy insuficientes y requieren la consideración de esta problemática como Política de Estado y por
consiguiente la continuidad de la acción estatal en diálogo con la comunidad y sus organizaciones.
En estos años, se actualizó el marco normativo que exige una acción integral y activa del Estado en las
áreas de promoción de derechos, cambio cultural y persecución del delito. Se ampliaron programas
de atención, tanto en INAU como en Inmujeres /MIDES, así como en el Ministerio de Interior, Trabajo,
Turismo, Relaciones Exteriores, Fiscalía y se instaló en Consejo Nacional de Prevención y Combate a la
Trata de personas, con competencia en infancia, adolescencia y mayores.
Estos esfuerzos que han delineado una política pública, si se ven interrumpidos, perderán todo tipo de
efectividad y dejarán sin resguardo a las niñas , niños, adolescentes y mujeres, principales víctimas de la
explotación sexual y trata, sin ningún tipo de protección estatal.
La trata laboral que afecta a mujeres y hombres es también una dimensión de extrema preocupación en
nuestro país en muchas áreas de trabajo, la que también fue priorizada por el Consejo Nacional de Trata
en su reunión de febrero de este año.
Preparando el proceso de transición de gobierno y en el marco del 25 de noviembre de 2019, Día
Internacional de Lucha contra la Violencia de Género hacia las Mujeres, en su informe anual
INMUJERES-MIDES, afirmaba “se requiere profundizar la implementación de las leyes 19.580 de Violencia
hacia las mujeres basada en género y la 19.643 de Prevención y combate de la trata de personas, a través de una
previsión financiera específica en el próximo presupuesto quinquenal, modificaciones institucionales, recursos
humanos formados y capacitación, ampliación del Sistema Interinstitucional de Respuesta y campañas
diversificadas que promuevan pautas culturales basadas en la no violencia”.
Es así que desde la Unidad de Derechos de las Ciudadanas/ Frente Amplio reclamamos el
cumplimiento cabal de la Ley N. 19.643 de Prevención y combate de la trata de personas, la
convocatoria al Consejo Nacional de Trata y la adjudicación de un presupuesto suficiente para
fortalecer las acciones que se vienen desarrollando.
Montevideo, 10 de junio de 2020
