El Estado uruguayo pidió este martes que la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) se declare incompetente para resolver el reclamo de Cardama por la rescisión del contrato de las patrulleras oceánicas y, subsidiariamente, reclamó que el astillero devuelva 28.794.500 de euros ya cobrados.
La posición surge de la contestación presentada por Uruguay el 27 de julio, en respuesta al arbitraje iniciado en abril por Francisco Cardama S.A. El contrato, firmado en diciembre de 2023, establecía la construcción y entrega de dos buques OPV por 82,27 millones de euros.
Cardama acudió al arbitraje después de que el gobierno resolviera rescindir el acuerdo. La empresa pidió que se declare que esa decisión fue improcedente y contraria a derecho, que Uruguay incumplió sus obligaciones contractuales y el principio de buena fe, y que se le reconozca el derecho a cobrar sumas pendientes, daños y perjuicios. El astillero no cuantificó todavía ese reclamo.
La defensa uruguaya cuestionó, antes de entrar al fondo del conflicto, que la CCI tenga competencia para intervenir. Según el Estado, la cláusula arbitral del contrato reserva esa vía para controversias de carácter técnico, mientras que las diferencias contractuales y jurídicas deben resolverse ante los juzgados y tribunales de Montevideo.
Para Uruguay, el planteo de Cardama gira precisamente en torno a asuntos no técnicos, como la rescisión del contrato, las garantías presentadas y el eventual derecho a cobrar pagos e indemnizaciones.
El gobierno también sostuvo que el astillero no cumplió con el mecanismo previo de solución de controversias previsto en el contrato. La contestación señala que antes de acudir a la CCI debía agotarse una instancia vinculada a la sociedad de clasificación de los buques, paso que, según Uruguay, no se completó.
En caso de que el tribunal arbitral igualmente decida asumir competencia, Uruguay presentó una reconvención contra Cardama.
El Estado pidió que se declare la rescisión total del contrato por incumplimientos atribuibles al astillero y que este sea condenado a devolver todos los importes ya pagados, por 28.794.500 de euros. También reclamó una indemnización por los daños y perjuicios que determine el tribunal, más los intereses correspondientes.
Además, solicitó que se establezca que la propiedad de los buques construidos hasta el momento de la rescisión corresponde a Uruguay y que Cardama transfiera cualquier derecho que eventualmente mantenga sobre ellos. El Estado también pidió que el astillero asuma los costos del arbitraje.
Parte de la argumentación uruguaya vuelve sobre las garantías presentadas durante la ejecución del contrato. La defensa sostiene que existieron irregularidades de suficiente entidad como para afectar la confianza contractual y cuestiona particularmente documentación vinculada a Eurocommerce Ltd., firma que intervino en una de las garantías.
Los documentos del arbitraje habían sido clasificados como reservados por Presidencia en junio, luego de una solicitud de acceso a la información presentada por el diputado Pablo Abdala. El Poder Ejecutivo argumentó que divulgar el contenido en esa etapa podía afectar la estrategia jurídica del país y sus intereses económicos.
Abdala llevó posteriormente el caso a la Justicia mediante una acción de acceso a la información pública. Al contestar esa demanda, Presidencia sostuvo que la reserva había sido legítima, pero afirmó que, una vez presentada la respuesta uruguaya ante la CCI, había terminado la circunstancia que justificaba mantener los documentos bajo reserva.
El gobierno resolvió entonces entregar tanto la solicitud de arbitraje de Cardama como la contestación del Estado, sin esperar una orden judicial. Esos escritos permiten conocer ahora por primera vez el alcance de los reclamos de ambas partes.