«Cuidar la institucionalidad» y «aceptar la crítica» son dos conceptos que suelen aparecer juntos en el discurso político, aunque muchas veces se utilizan de manera contradictoria.
La crítica es una herramienta esencial de la democracia. Permite controlar al poder, señalar errores, exigir explicaciones y reclamar transparencia. Sin crítica no hay rendición de cuentas. Sin cuestionamientos, las instituciones corren el riesgo de convertirse en estructuras vacías protegidas por el silencio y la complacencia.
La institucionalidad, en cambio, es el marco que garantiza que esas críticas puedan expresarse libremente y que las respuestas se procesen a través de mecanismos democráticos. No son conceptos enfrentados; por el contrario, deberían complementarse.
Sin embargo, en la práctica política muchas veces se pretende presentar la crítica como una amenaza a la institucionalidad. Cuando surgen cuestionamientos sobre decisiones de gobierno, contratos, gastos o conductas de los jerarcas, aparece rápidamente la advertencia de que «hay que cuidar las instituciones». Como si preguntar, investigar o exigir explicaciones constituyera un ataque al sistema democrático.
La reciente polémica por la camioneta vinculada al presidente Yamandú Orsi volvió a poner este debate sobre la mesa. Mientras algunos dirigentes reclamaron prudencia para no afectar la imagen presidencial o institucional, otros sostuvieron que precisamente la mejor forma de cuidar las instituciones es someter los hechos al más riguroso escrutinio público.
Porque la crítica no debilita las instituciones cuando se basa en hechos y argumentos. Lo que realmente las debilita son las zonas grises, las explicaciones tardías, las contradicciones y la sensación de que existen privilegios para quienes ejercen el poder.
La democracia madura no es aquella donde no se critica al presidente, a los ministros o a los intendentes. Es aquella donde nadie se escandaliza porque se los critique. Las instituciones fuertes no necesitan blindajes políticos; necesitan transparencia.
La historia demuestra que las instituciones no se deterioran por exceso de preguntas. Se deterioran cuando las preguntas quedan sin respuesta.
Por eso, cuidar la institucionalidad no puede convertirse en un escudo para evitar el debate público. La verdadera institucionalidad admite la crítica, la escucha y responde. Y la verdadera crítica no busca destruir instituciones, sino exigir que estén a la altura de los principios que dicen representar.
En definitiva, una democracia sana necesita de ambas cosas: instituciones sólidas y ciudadanos dispuestos a cuestionar al poder. Cuando una de las dos desaparece, la otra también comienza a debilitarse.

