Hay un Uruguay que no queremos.
Un Uruguay que no puede convertirse en paisaje cotidiano, en una estadística más, en una noticia que leemos, comentamos y después nos olvidamos.
No queremos un Uruguay donde los delincuentes parezcan ganar terreno y donde la gente honesta tenga que vivir detrás de una reja, mirar dos veces antes de salir de su casa o preguntarse si volverá segura después de una jornada de trabajo.
No queremos el Uruguay de las rapiñas, de los ajustes de cuentas, de las balaceras y de la violencia que se instala en los barrios como si fuera inevitable.
Y tampoco queremos el Uruguay de las promesas incumplidas.
Se anunció una fuerte incorporación de policías para reforzar la seguridad. Pero la Rendición de Cuentas terminó creando 300 cargos de agentes de Policía para ampliar el despliegue territorial. El problema no es solamente el número. El problema es la distancia entre lo que se anuncia, lo que la sociedad espera y lo que finalmente llega a la calle.
Porque detrás de cada promesa hay un ciudadano esperando respuestas.
Tampoco queremos un Uruguay donde las mujeres sigan muriendo víctimas de la violencia machista. El número de femicidios continúa siendo una herida abierta y una demostración de que ninguna política pública puede darse por terminada mientras una mujer siga siendo asesinada por el hecho de ser mujer.
No queremos un Uruguay donde la salud mental se convierta en una emergencia silenciosa. Un país donde adolescentes, familias y trabajadores carguen con angustia, soledad y desesperanza mientras la respuesta llega tarde. Uruguay continúa enfrentando una de las tasas de suicidio más altas de América Latina, una realidad que obliga a mirar mucho más allá de la consulta psiquiátrica y trabajar desde la comunidad, la educación y la atención primaria.
No queremos el Uruguay del hambre.
El de los niños que llegan a la escuela con hambre.
El de las familias que hacen cuentas para decidir qué se come
El de los gurises que crecen sin oportunidades mientras los adultos buscan un trabajo que no aparece.
Porque la pobreza no es solamente una cifra. Tiene rostro, tiene nombre y tiene infancia. Y cuando la pobreza golpea a los niños, el país entero está hipotecando su futuro.
No queremos una educación que tenga que elegir entre necesidades porque los recursos no alcanzan. La educación debería ser la herramienta más poderosa para romper círculos de pobreza y desigualdad, no una institución obligada permanentemente a administrar carencias.
Y tampoco queremos un Estado que mida diferente según dónde vive el ciudadano.
Un Ministerio de Transporte y Obras Públicas que no puede mirar igual a una ruta del sur que a una ruta del norte.
Un Uruguay donde las obras, la seguridad vial, la iluminación, las rotondas o los controles parezcan depender de la geografía y no de los derechos de quienes transitan.
No queremos un país donde trabajar sea una incertidumbre.
Donde un joven estudie y no encuentre empleo.
Donde un trabajador pierda su fuente laboral y no encuentre una alternativa.
Donde emprender sea una carrera de obstáculos y donde el interior siga sintiendo que muchas oportunidades se concentran demasiado lejos.
Y hay otro Uruguay que tampoco podemos ignorar: el Uruguay que está cambiando por el clima.
Sequías, inundaciones, olas de calor, tormentas cada vez más severas y eventos extremos ya no son historias lejanas. Uruguay está sintiendo los efectos del cambio climático, y especialmente niños y adolescentes están expuestos a sus consecuencias.
El ciclón, la tormenta, el río que crece, el barrio que se inunda, el productor que pierde una cosecha, la familia que pierde su casa: todo eso también es política pública.
Pero este no es un artículo para decir que todo está mal.
Es para preguntarnos qué país queremos construir.
Porque el Uruguay que no queremos no se combate solamente con discursos.
Se combate con políticas de Estado.
Con prevención.
Con educación.
Con trabajo.
Con seguridad.
Con salud mental.
Con protección de la infancia.
Con igualdad territorial.
Con infraestructura.
Con una respuesta firme frente a la violencia.
Y con gobernantes que entiendan que gobernar no es prometer: es cumplir.
Queremos otro Uruguay.
Uno donde salir a la calle no sea un acto de valentía.
Donde una mujer no tenga miedo de morir.
Donde un niño no tenga hambre.
Donde un adolescente tenga futuro.
Donde estudiar sirva para progresar.
Donde trabajar permita vivir dignamente.
Donde el interior no sea ciudadano de segunda.
Donde el Estado llegue antes que la tragedia.
Queremos un Uruguay donde la solidaridad vuelva a ser una palabra cotidiana y no una respuesta desesperada ante la ausencia del Estado.
Porque el Uruguay que no queremos ya nos está mostrando sus señales.
La pregunta es si vamos a acostumbrarnos a ellas.
O si todavía tenemos la voluntad de cambiar el rumbo.