La diputada suplente del Frente Amplio Salto, Nelly Rodríguez Galvalisi, que anteriormente se desempeñó como directora de Vivienda durante la administración del ex intendente Andrés Lima, será denunciada en Salto este martes por hechos que presentan apariencia delictiva, en Fiscalía.
Según se informó a Quinto Elemento que “se cumple con la responsabilidad de poner en conocimiento de Fiscalía ciertos hechos de apariencia delictiva. Luego le corresponde al fiscal continuar las investigaciones y determinar los delitos y las responsabilidades”.
Convenio y presuntas irregularidades
El origen del caso se remonta a un convenio firmado entre la Intendencia de Salto y el Ministerio de Vivienda, mediante el cual se acordó la entrega de cien canastas de materiales, cada una valorada en 200 Unidades Reajustables (UR), destinadas a obras en los barrios La Amarilla y La Esperanza.
Según la información recabada, el procedimiento establecía que un equipo técnico y funcionarios municipales evaluaban a los postulantes para determinar quiénes cumplían con los requisitos de acceso al beneficio.
Sin embargo, la denuncia sostiene que la entonces directora de Vivienda habría intervenido de forma indebida en ese proceso, obligando a incluir en los listados a personas que no cumplían con los criterios exigidos, bajo amenaza de no renovar contratos a funcionarios. Asimismo, se la acusa de ordenar la entrega parcial de materiales a beneficiarios legítimos para redirigirlos hacia personas de su elección.
Pruebas y funcionamiento del esquema
De acuerdo a lo que surge de un extenso expediente con abundante prueba documental y testimonial, se habría comprobado que la jerarca daba órdenes directas para definir beneficiarios “por su sola voluntad”. Además, se detectaron inconsistencias entre los registros oficiales y las entregas efectivamente realizadas, constatándose casos en los que figuraban materiales entregados que en realidad no habían sido distribuidos.
Otro de los elementos señalados en la denuncia refiere a la coincidencia entre los listados de beneficiarios y la lista 828 —sector político que la dirigente encabezó en mayo—, donde aparecen las mismas personas o familiares directos.
Denuncias que Quinto Elemento manejo hace aproximadamente dos años ,en varias notas .
También se menciona que materiales habrían sido entregados en la localidad de San Antonio a una candidata a alcaldesa vinculada a su sector, quien luego se encargaba de distribuirlos, eludiendo los controles institucionales sobre el uso de recursos públicos.
Posibles delitos
En función de los hechos denunciados, se manejan como posibles figuras delictivas el abuso de funciones, peculado y conjunción del interés personal y público. Además, el caso podría encuadrarse dentro de los delitos de corrupción previstos por la normativa vigente.
La investigación quedó ahora en manos de la Fiscalía, que deberá avanzar en la recolección de pruebas y determinar eventuales responsabilidades penales. Mientras tanto, el caso genera fuerte impacto político en el departamento y reabre el debate sobre la transparencia en la gestión de políticas sociales.