Este 20 de setiembre se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento, una fecha que reivindica el derecho de cada persona a pensar diferente, expresar sus ideas, defender sus convicciones y cuestionar aquello con lo que no está de acuerdo, sin ser perseguida ni castigada por ello. La fecha recuerda la toma de Porta Pía, en Roma, ocurrida el 20 de setiembre de 1870, y se vincula simbólicamente con la defensa de la libertad de conciencia y el pluralismo.
En Uruguay, ese derecho tiene una protección constitucional muy clara. El artículo 29 de la Constitución establece que es enteramente libre la comunicación de pensamientos por palabras, escritos, prensa o cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de censura previa, aunque existen responsabilidades legales por los abusos que puedan cometerse.
La Ley de Prensa N.º 16.099 también establece la libertad de expresión y comunicación de pensamientos y opiniones, así como la difusión de información por distintos medios.
Pero una cosa es lo que dice la ley y otra es cómo se vive cotidianamente.
¿Qué pasa hoy en Uruguay?
Uruguay mantiene un marco institucional sólido para el ejercicio de las libertades civiles. Freedom House calificó al país como “Libre” en su informe 2026, otorgándole 4 sobre 4 en libertad de medios independientes y señalando una disminución sostenida de demandas, amenazas y hostigamiento contra periodistas. Al mismo tiempo, el informe advierte que persisten problemas relacionados con presiones sobre periodistas.
Y los datos más recientes de CAinfo muestran que la situación no puede darse por resuelta. Su monitoreo publicado en mayo de 2026 registró 56 casos de amenazas o restricciones a la libertad de expresión de periodistas, frente a 51 en 2025. Entre los principales problemas aparecen las restricciones al acceso a la información, agresiones verbales, escritas y digitales, discursos estigmatizantes, hostigamiento judicial y violencia mediante herramientas digitales.
También se han registrado situaciones especialmente preocupantes. CIVICUS documentó, por ejemplo, amenazas de muerte recibidas por un periodista uruguayo después de publicar información sobre seguridad vial.
La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre 2025, registró en Uruguay declaraciones de funcionarios y dirigentes que fueron señaladas por organizaciones de prensa como intentos de deslegitimar el trabajo periodístico.
La libertad de preguntar también es libertad de expresión
Y aquí aparece un punto fundamental para cualquier democracia: un periodista tiene derecho a preguntar, incluso cuando la pregunta incomoda.
Un gobernante, un legislador, un dirigente político, un empresario o cualquier figura pública tiene derecho a responder, discrepar, cuestionar la pregunta o incluso negarse a contestarla dentro de los límites legales. Pero convertir al periodista en el problema simplemente porque pregunta algo incómodo puede terminar generando un efecto negativo sobre el debate público.
La libertad de prensa no significa que los periodistas tengan siempre razón. Significa que pueden investigar, preguntar, publicar, cuestionar y también equivocarse, asumiendo las responsabilidades correspondientes cuando corresponda.
Y tampoco significa que los políticos deban aceptar todas las preguntas. Significa algo más básico: que nadie debería necesitar permiso del poder para formularlas.
Pensar distinto no debería convertirse en una guerra
En tiempos de redes sociales, la discusión pública muchas veces se transforma rápidamente en enfrentamiento. Una opinión diferente puede provocar insultos, ataques personales, campañas de descrédito o intentos de silenciar al que piensa distinto.
Pero la democracia no se construye cuando todos pensamos igual.
Se construye cuando podemos pensar diferente y seguir conviviendo.
Cuando una persona puede defender una idea política sin ser atacada por ella. Cuando un periodista puede preguntar sin temor. Cuando un ciudadano puede criticar al gobierno de turno. Cuando alguien puede defender al gobierno sin ser descalificado por hacerlo. Cuando una institución puede ser cuestionada y cuando también puede responder.
Porque la libertad de expresión no debería ser un derecho reservado para quienes piensan como nosotros.
La verdadera prueba de la libertad aparece precisamente cuando escuchamos una opinión que no nos gusta.
Y quizás ese sea el desafío de Uruguay: no solamente conservar las garantías legales que históricamente ha construido, sino cuidar todos los días la cultura democrática que permite que esas garantías sean realmente ejercidas.
Porque la libertad de expresión no es la libertad de decir solamente lo que el otro quiere escuchar. Es también la libertad de decir lo que el otro preferiría que no dijéramos.
Y en democracia, preguntar no es atacar. Pensar diferente no es ser enemigo. Y disentir no debería ser un delito.