El impacto del coronavirus y el reclamo de más recursos para combatir la violencia de género marcan, entre otras cosas, este #25N.
Hoy se cumplen 60 años del asesinato de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal en República Dominicana. El 25 de noviembre es difícil de olvidar desde que los feminismos de la región lo definieron como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en 1981. El objetivo era doble: por un lado, recordar a las Mirabal; por el otro, exponer las distintas formas de violencia que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres.
La reivindicación se hizo global en 1999 cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asumió la fecha como una jornada para visibilizar la violencia de género y exhortar a los estados a que implementen políticas para su prevención y combate. Desde entonces, el día sirve para que gobiernos e instituciones hagan un balance sobre las acciones que llevan adelante en esta materia y promuevan actividades de sensibilización.
Para las organizaciones de mujeres y los colectivos feministas es una oportunidad de poner arriba de la mesa todo lo que –siempre– queda por hacer.
Este año, el mapa de la violencia de género está marcado por el impacto de la pandemia de covid-19, que impuso la necesidad de aislarse para contener la propagación de la enfermedad. La casa se convirtió así en el lugar más seguro para evitar el contagio del coronavirus, pero también en el más inseguro para mujeres en situaciones de violencia por parte de parejas o familiares convivientes. En el encierro, las posibilidades de pedir ayuda, denunciar o escapar de la violencia se vieron reducidas o nulas. Según un informe de la ONU publicado en julio, el número de llamadas a líneas de atención a mujeres llegó a quintuplicarse en varios países durante las cuarentenas.
El fenómeno tuvo sus coletazos también en Uruguay, un país en el que ocho de cada diez mujeres fueron violentadas en algún momento de su vida, según la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones presentada el año pasado.
Las consecuencias de la pandemia se sumaron a otros hechos concretos que este año pusieron a la violencia de género en el centro de la agenda de la sociedad civil, como la elaboración de un Presupuesto Nacional que, [según organizaciones feministas, no tuvo en cuenta la problemática, la mediatización de la Operación Océano, que investiga a una treintena de varones poderosos por explotación sexual de adolescentes, o la irrupción de iniciativas espontáneas en redes sociales para denunciar situaciones de violencia sexual en distintos ámbitos.
En el marco de un nuevo #25N, especialistas en el tema consultadas por la diaria hicieron un repaso de los desafíos que planteó el 2020 en este terreno. Una de las principales conclusiones a las que llegaron es que la violencia machista no sólo quedó solapada por la pandemia, sino que sigue sin ser prioridad en Uruguay.
“En el imaginario colectivo y entre quienes deciden, la violencia de género sigue siendo un tema de segunda y sigue faltando que sea un tema prioritario”, aseguró Teresa Herrera, socióloga, experta en género y generaciones e integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. “Lo que necesitamos, y ya lo hemos dicho hasta el cansancio, es un gran cambio cultural”, dijo Herrera. “La violencia hacia las mujeres no es un problema de las mujeres. Es un problema de toda la sociedad y, en la medida en que no lo asumamos así, vamos a seguir teniéndolo”, sostuvo.
Para Andrea Tuana, licenciada en Trabajo Social, directora de la asociación civil El Paso y coordinadora académica del Diplomado Superior sobre Violencia Basada en Género de FLACSO Uruguay, “llegamos a un 25 de noviembre en que el tema de la violencia de género no está siendo uno de los que generen más reflexión”. “Tenemos que volver a colocar el tema en la opinión pública, después de un año en el que parece que hubieran desaparecido todos los problemas, porque todo es coronavirus y el miedo a la pandemia”, reflexionó la investigadora. A su entender, la crisis sanitaria “copó” los espacios en los medios de comunicación y, como contrapartida, la violencia de género quedó “en segundo plano”. Pero esto “no es culpa de la pandemia”, aclaró, sino “del uso que se hace de la pandemia”.
El otro virus
Uruguay declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo y fue uno de los países que, en vez de decretar cuarentena obligatoria, optó por exhortar a la población a cumplir un aislamiento voluntario. Pese a esto, el número de llamadas a la línea 0800 4141, de atención y asesoramiento del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se disparó en los primeros tres meses de pandemia. Según los datos del Inmujeres a los que accedió la diaria, entre enero y setiembre de este año fueron atendidas 11.281 llamadas, un promedio aproximado de 41 por día. El pico máximo se registró en abril, con 2.231 consultas, es decir, una cada 20 minutos. Los siguientes meses con más consultas fueron marzo (1.301) y mayo (1.645).
En paralelo, las denuncias policiales bajaron: hubo 22.830 denuncias por violencia doméstica entre marzo y octubre de 2020 –aproximadamente 95 por día–, frente a las 23.387 recibidas en el mismo período del año anterior, de acuerdo con los datos del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior (MI). Esta baja de denuncias pone en evidencia los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el contexto de pandemia a la hora de denunciar.
Por otra parte, el MI contabilizó 12 femicidios en Uruguay en los primeros ocho meses del año, según informó la cartera al semanario Búsqueda. La Coordinadora de Feminismos, que lleva su propio registro, denunció 22 femicidios desde que empezó el año hasta el 11 de noviembre. A diferencia del MI, la plataforma feminista incluye otros tipos de homicidios de mujeres y no sólo aquellos tipificados como femicidios por la Justicia.
Para Tuana, “los estragos de la violencia durante el confinamiento” se van a empezar a ver recién el año que viene, sobre todo en los casos de mujeres que no pudieron pedir ayuda. “Se trabajó con las personas que pudieron pedir ayuda, pero creo que hay un grueso de situaciones, que son de nivel de riesgo medio o medio para arriba, que son las que quedaron atrapadas. Eso genera un impacto muy complicado en la vida, en la salud mental, a nivel psíquico y físico de las personas, que yo creo que todavía no estamos viendo”, puntualizó.
