En la actualidad las noticias relacionadas a las acciones generales del gobierno están
enfocadas en la situación sanitaria que el país transita. En este contexto quienes se
encuentran al frente del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) han hecho uso de los diferentes medios dando cuenta de la estrategia que la cartera estaría llevando adelante para dar atención a la población más vulnerable y expuesta. En este sentido, el mayor de los despliegues parecería estar enfocado a la atención de las personas en situación de calle y a paliar parte de la emergencia alimentaria que esta situación conlleva.
Sin querer menoscabar la importancia de dichas acciones, queremos señalar aquello que no se menciona en ninguna de esas instancias de informe a la ciudadanía, y que puede implicar sustantivas modificaciones en algunos servicios y dispositivos de atención.
CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MIDES
Desde la creación del MIDES a partir de la Ley 17.866 del 21 de marzo del 2005, lo referido
a los programas y estrategias en materia de políticas públicas sociales se vieron modificadas
de forma radical, siendo innegable el aporte de esta nueva perspectiva estatal a la transformación de las desigualdades sociales. Se entiende que este cambio se da en conjunto con una modificación conceptual y por tanto ideológica, en la cual se deja de considerar a la
población destinataria de la política como objetos de asistencia pública para pasar a
reconocerles como ciudadanas y ciudadanos sujetos de derecho.
Desde este enfoque el MIDES ha desarrollado diversos programas en áreas como familia, violencia basada en género, niñez, juventud, adultez, discapacidad, comunidad.
Ante la emergencia sanitaria nacional, este ministerio ha sido clave para afrontar la
inestabilidad que tuvo repercusiones directas en el bienestar de las personas, quedando en
evidencia que sus políticas han sido fundamentales a la hora de afrontar la incertidumbre que
género la situación del covid-19 en nuestro país.
La principal debilidad del MIDES es que mantiene un alto porcentaje de sus programas a
través de la política de tercerización, siendo gestionados por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que por medio de licitaciones públicas convenían con el Estado. Esta modalidad de contratación es una forma de privatizar servicios públicos y precarizar las condiciones
laborales de las y los trabajadores, que vienen perdiendo derechos históricamente
conquistados por la clase trabajadora.
DE LO QUE NADIE HABLA
Desde el comienzo de la actual administración de gobierno, podemos decir que las autoridades dedicaron especial atención al MIDES, dando cuenta de las transformaciones
que se pretendían realizar allí y dejando entrever con qué impronta pasarían a planificar e implementar la política social desde su asunción en adelante.
En este contexto, muchos de los convenios de los programas MIDES vencen en el primer semestre del año 2020, por lo que a fines del 2019 y tal como lo establece la normativa vigente (para algunos programas) se abrieron licitaciones públicas, para que aquellas OSC que
cumpliesen con los requisitos establecidos pudieran postularse. Dichas licitaciones
cumplieron con los plazos que establece la ley, siendo en cada caso notificada la OSC que generó mayor puntuación.
La situación actual, es que a partir de la asunción del nuevo gobierno esas licitaciones han quedado sin efecto, algunas ni siquiera llegaron a convocarse y otras están pendientes de
ser firmadas por el nuevo ministro. Entonces, ¿cómo se piensa mantener la atención de todos
los ciudadanos/as que son atendidos por estos programas que se encuentran en la órbita del
ministerio y que al día de hoy no tienen asegurada su continuidad?
Nos referimos por ejemplo a los servicios que componen el Sistema de Respuesta en
Violencia Basada en Género de InMujeres: Servicio de Atención a Mujeres en Situación
de Violencia basada en Género (programa tobilleras), Equipo Territorial de Montevideo
(ETM), Dispositivo de Articulación Territorial (DAT), Equipos de Atención a Varones
que Ejercen Violencia hacia sus Parejas o Ex parejas. Estos se gestionan en convenio
con OSC y al momento su funcionamiento depende de una prórroga a firmarse por 6 meses
luego de que las autoridades desestimaron la licitación que debía iniciarse a partir del 1 de mayo y daría continuidad al servicio por dos años.
Situación similar atraviesan 250 trabajadoras/es del programa Cercanías (Equipos
Territoriales de Atención Familiar) el cual brinda atención aproximadamente a 1600 familias
en situación de pobreza extrema y cuya permanencia no está asegurada, en tanto la licitación
que daría continuidad no fue publicada para que las OSC interesadas en gestionar dicho
programa se presentasen. La mitad de estos convenios tienen fecha de finalización 31 de
mayo y el resto llegaría hasta diciembre.
También los convenios de programa SOCAT (Servicios de Atención Ciudadana y
Articulación Territorial) atraviesan un momento de incertidumbre, los mismos funcionan
como servicios descentralizados de MIDES en zonas identificadas como vulnerables,
ofreciendo orientación, derivación y articulación a problemáticas de los ciudadanos y
ciudadanas que necesitan acceder a los servicios más básicos.
Son cerca de 700 las/os trabajadoras/es que ejercen su tarea en la primer línea de respuesta
del ministerio, a través de estos programas en calidad de tercerizado/a, atendiendo
situaciones de extrema pobreza, vulnerabilidad y fragilidad que al día de hoy no tienen
asegurada su continuidad, por lo tanto tampoco se asegura a quienes hoy acuden a éstos, la
posibilidad de seguir contando con dichos servicios. También son tercerizados los centros
que brindan atención a los diferentes perfiles poblacionales que están en situación de calle,
lo cual lleva a duplicar el número final de trabajadoras/es tercerizadas/os.
Preocupa sobre manera lo ambiguo y recortado de los mensajes que brindan las autoridades.
Sin restar importancia a la emergencia sanitaria, queremos destacar que la competencia del
MIDES es mucho más amplia, en tanto su despliegue a nivel nacional lo sustentan diversos
programas y servicios que son de suma importancia y necesidad para los ciudadanos que
recurren a ellos y al momento están corriendo con una suerte muy incierta, con posibilidades
de dejar de existir
Quienes realizan tareas en estos servicios en calidad de tercerizadas/os, han intentado
establecer comunicación con las autoridades actuales para intercambiar sobre las posibles
modificaciones que se piensan realizar respecto a la matriz de protección social brindada
hasta el momento.
Sin dejar de ser críticos con ella y valorando siempre la necesidad de someterla a revisiones,
no se admite asistir pasivamente al desmantelamiento de los servicios, ni al recorte en
los derechos de las/os trabajadoras/es que desempeñan su tarea en los mencionado
programas, en tanto se asume que precarizar el trabajo implicara indefectiblemente
precarizar los servicios.
Comisión de Trabajo Tercerizado de SUTIGA