CEPAL: la respuesta del Uruguay frente a la pandemia del
COVID-19
(26 de agosto, 2020)
-En días pasados el Gobierno de la República Oriental del Uruguay hizo llegar sus observaciones respecto a la información contenida en el reporte de Covid 19 N°5 de la CEPAL. «Enfrentar los efectos cada vez más mayores del Covid 19 para una reactivación con igualdad: ” ( nuevas proyecciones 2020)
Estas observaciones tomaron forma tanto en una nota remitida a la dirección del organismo
como en el cordial intercambio mantenido vía telefónica entre el Sr. Ministro de Relaciones
Exteriores, Francisco Bustillo Bonasso y la propia Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena.
Al respecto, la CEPAL quisiera señalar lo siguiente:
Seis meses atrás era difícil imaginar y calibrar los desafíos que la región habría de enfrentar
en relación con el COVID-19. Las consecuencias económicas de la crisis están siendo
devastadoras, y las implicancias sobre la salud y el bienestar de los latinoamericanos son de
una magnitud alarmante.
En este corto plazo, los países han implementado una variada gama de medidas para
enfrentar la crisis, con los objetivos de fortalecer los sistemas de salud, apoyar a los
hogares vulnerables y proveer liquidez a las empresas. Los instrumentos han sido diversos:
reasignaciones presupuestarias, gastos presupuestarios extraordinarios financiados con
nuevos recursos, medidas de alivio tributario, provisión de garantías de crédito, préstamos
al sector privado y capitalización de fondos e instituciones financieras públicas, entre otros.
La CEPAL ha señalado que en la actual situación no se puede desconocer que se necesita un
estímulo fiscal masivo para apuntalar los servicios de salud y proteger los ingresos y los
empleos. La magnitud de ese estímulo fiscal guardará relación con diversos factores
coyunturales y estructurales de cada país.
Entre los coyunturales, resulta fundamental el espacio fiscal que cada país tiene a su
disposición para llevar a cabo sus políticas públicas destinadas a hacer frente a la crisis. Dos
factores importantes que inciden sobre el espacio fiscal son el nivel de deuda pública y el
resultado global de las operaciones del gobierno central. En términos generales, la evolución
de las cuentas fiscales en la última década ha dejado a la región en una débil posición para
hacer frente a la crisis actual, situación que se ve agravada por los menores ingresos
fiscales asociados con la caída en el nivel de la actividad económica.
En relación con los factores estructurales, la combinación de sistemas de protección social
débiles y fragmentados, junto con altos niveles de informalidad, constituye un fuerte
condicionante de la capacidad de los estados regionales de responder, a través de
herramientas de política pública maduras e institucionalizadas, a las significativas demandas
sociales que la pandemia acarrea.
En este contexto, destaca la situación de Uruguay, que ha enfrentado la crisis sanitaria con
el respaldo de poseer uno de los regímenes de bienestar más avanzados de la región
(elemento de contexto sustantivo con el que hemos complementado nuestro propio
informe). Sus fortalezas institucionales previas, y su gestión expedita y oportuna explican
el éxito de una respuesta que la encumbra entre las naciones con menos víctimas mortales
de la pandemia.
La temprana conformación de un Grupo Asesor Científico Honorario que permanentemente
brinda insumos al Poder Ejecutivo para la toma de decisiones constituye también un
acertado aprovechamiento de las capacidades – en este caso derivadas de la acumulación
en ciencia y tecnología- disponibles en el país.
Las fortalezas del sistema de protección social uruguayo se traducen, entre otras cosas, en
una cobertura universal en materia de salud y en un gasto corriente total en salud como
porcentaje del PIB superior al de prácticamente todos los países de la región.
La existencia de un programa de seguro de desempleo de larga data, que incluye una causal
que permite el cobro de la prestación por reducción del trabajo y que tiene una bu.
cobertura dados los niveles moderados de informalidad entre los asalariados privados –
alrededor de 13%, la cifra más baja en la comparación regional- ha sido un pilar
fundamental de la respuesta uruguaya frente a la crisis.
La maduración institucional de este programa ha permitido también la rápida
implementación de una normativa especial para flexibilizar las condiciones de acceso,
garantizando una respuesta acorde a las particularidades de la coyuntura que se enfrenta.
Uruguay también pudo apoyarse en el pilar no contributivo de su sistema de protección
social durante esta crisis sanitaria.
Las Asignaciones Familiares – Plan Equidad, un programa de transferencias monetarias
condicionadas dirigido a niños y adolescentes de hogares en situación socioeconómica
vulnerable, y la Tarjeta Uruguay Social, cuyo objetivo principal es permitir que las personas
más desprotegidas accedan a los productos de la canasta básica, tienen una amplia
cobertura y han permitido al Estado uruguayo llegar de manera eficiente a los hogares y
personas con mayores vulnerabilidades.
Según los datos reportados en la Base de datos de programas de protección social no
contributiva en América Latina y el Caribe, en 2018, las Asignaciones Familiares-PE cubrían
a 139.000 hogares, y al programa se destinaba el 0,33% del PIB. A su vez, la Tarjeta
Uruguay Social alcanzaba a 81.000 hogares, con un gasto del 0,15% del PIB.
La duplicación de los montos mensuales de una u otra transferencia en tres oportunidades
hasta la fecha ha constituido un alivio frente a la pérdida de ingresos de estos hogares, y es
un ejemplo más de cómo las fortalezas existentes en los sistemas de protección social -en
este caso la capacidad administrativa de los programas de transferencias monetarias
existentes- juegan un rol fundamental en la respuesta a la pandemia.
Adicionalmente, Uruguay fue capaz de incorporar temporalmente a nuevos beneficiarios de
la protección social, a través de la implementación de una canasta de emergencia
alimentaria dirigida a adultos que no reciben ninguna otra prestación estatal. Los
trabajadores informales que acceden a esta canasta alimentaria pueden hacerlo a través de
una aplicación para celulares.
La crisis del COVID -19 dejará varios aprendizajes para el mundo y también para la región.
Esta experiencia le señala a América Latina la importancia de contar con sistemas de protección social fuertes, tanto en términos de la población que está integrada a los
mismos, como en la calidad de los sistemas, procesos y capacidades de los distintos
programas.
La integración de todas las personas -incluyendo los trabajadores informales, aspecto
fundamental en la región- a los sistemas de protección social es una tarea que no puede
postergarse. Desde el punto de visto operativo, contar con registros administrativos
actualizados, mecanismos fluidos de intercambio de información y procedimientos
sistematizados y a la vez flexibles para dar respuesta a shocks de distinta naturaleza es
crucial para el futuro de la región. Todo ello implica reforzar los esfuerzos de inversión en
los sistemas de protección social de América Latina.
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