El senador Pedro Bordaberry interpeló al ministro del Interior y planteó una serie de cuestionamientos al Plan Nacional de Seguridad Pública, advirtiendo que el gobierno podría estar retomando políticas que ya fracasaron en el pasado, especialmente en materia carcelaria. Durante su exposición, Bordaberry señaló que el plan presenta un diagnóstico adecuado, pero carece de elementos clave para su implementación: “no tiene metas concretas, no define herramientas claras y tiene un riesgo de burocratización muy grande”, afirmó. Uno de los principales focos de crítica estuvo en la política carcelaria. El senador advirtió que el gobierno propone avanzar en mecanismos como libertades anticipadas, suspensión de procesos y otras medidas que podrían derivar en la liberación de presos de forma generalizada, sin garantías de reinserción ni control de reincidencia. Destacó que el gobierno ya anunció que se busca retomar políticas del periodo 2005-2020, donde el Frente Amplio impulsó la liberalización de presos frente a la realidad carcelaria, y que el 50% de los presos liberados reincidió en menos de un año. Asimismo, cuestionó la falta de respuestas del Ministerio sobre aspectos centrales del plan, entre ellos: • el costo total de implementación y su financiamiento, • las metas concretas en materia de reducción del delito, • el rol de la Policía y el despliegue territorial, • y la estrategia frente al narcotráfico. Bordaberry también alertó sobre inconsistencias en las medidas anunciadas, señalando que varias de las acciones incluidas en el plan carecen de impacto directo en la seguridad o presentan superposición de funciones. En ese sentido, sostuvo que “el plan diagnostica, pero no resuelve”, y advirtió sobre el riesgo de que el Estado vuelva a adoptar un rol pasivo frente al delito. Finalmente, planteó preocupación por señales como el cierre de comisarías en el interior, la falta de definición en políticas de género y la ausencia de una estrategia clara en materia de crimen organizado. La interpelación aún continúa y por el momento deja planteado un conjunto de interrogantes sobre el rumbo de la política de seguridad, el modelo que se busca implementar y los resultados esperados en el corto y mediano plazo.
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