Condenan a nueve militares por el caso Roslik, el último crimen de la dictadura

Condenan a nueve militares por el caso Roslik, el último crimen de la dictadura
Fray Bentos. La Justicia uruguaya dictó sentencia en el emblemático caso Vladimir Roslik, condenando a nueve militares retirados por delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985). El fallo representa un nuevo avance en los procesos de verdad y justicia por violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese período.
El tribunal consideró probada la responsabilidad de los acusados en delitos de privación ilegítima de libertad, torturas, abuso de autoridad y lesiones graves, en el marco de operativos represivos realizados en la localidad de San Javier, departamento de Río Negro, entre los años 1980 y 1984.
Las penas
Las condenas oscilan entre 11 y 15 años de prisión, según el grado de participación y los delitos imputados a cada uno de los militares. Entre las penas más severas, tres de los condenados recibieron 15 años y seis meses de cárcel, mientras que otros enfrentan penas intermedias y menores dentro del mismo rango.
La sentencia fue dictada por el juez Claudio de León, tras un juicio oral que incluyó testimonios de víctimas, familiares y peritajes que reconstruyeron los hechos ocurridos en el Batallón de Infantería Nº 9 de Fray Bentos.
Un caso emblemático
El médico Vladimir Roslik, de origen ruso y referente de la comunidad de San Javier, fue detenido el 15 de abril de 1984 y sometido a torturas durante un interrogatorio militar. Falleció al día siguiente como consecuencia de los tormentos recibidos. Su muerte es considerada el último asesinato cometido por la dictadura uruguaya.
Durante décadas, el caso fue símbolo de la impunidad que rodeó a los crímenes del terrorismo de Estado. La reapertura de la causa y la reciente condena se inscriben en un proceso más amplio de revisión judicial de los delitos de lesa humanidad.
Situación procesal
La sentencia no se encuentra firme, ya que las defensas anunciaron recursos de apelación. Será ahora el Tribunal de Apelaciones el que deberá pronunciarse sobre la confirmación del fallo y las condiciones de cumplimiento de las penas.
Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas destacaron la resolución como un paso fundamental para la memoria histórica del país, mientras que remarcaron la importancia de continuar avanzando en el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la